De nuevo…el Déficit Fiscal

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En positivo

Tomás Artiñano Ferris

Ya han pasado varias décadas y siempre volvemos al mismo punto que alguna vez alguien definió como “el Talón de Aquiles” de nuestra economía, nuestro nefasto déficit fiscal, sólo que cada vez que nos viene, nos viene más grande, con nuevos elementos y sinceramente más difícil de resolver.

Basta mencionar el tema del déficit y de inmediato las posiciones se dividen como el agua y el aceite…por una parte están quienes argumentan que son necesarios más impuestos y por la otra los que creemos que se necesita una reducción del gasto y una reforma integral del Estado costarricense. Este enfrentamiento ha sido completamente estéril y en la discusión se ha olvidado un tercer elemento al que daré especial atención en este artículo: la creciente deuda que el financiamiento del déficit ha ido acumulando.

El Gobierno nos informó que el déficit fiscal del año 2019 es equivalente al 6,96% del PIB y según el ministro de Hacienda, Dr. Rodrigo Chaves, esto obedeció entre otras cosas a un incremento en el pago de intereses sobre la deuda acumulada, mayor inversión en infraestructura y la capitalización del Banco de Costa Rica por la absorción del banco Bancrédito.

Sea como sea, esto quiere decir que nuestro faltante fiscal es de ¢2.5 billones (dos millones quinientos mil millones de colones)…una cifra inimaginable que en más del 52% se financia con deuda, la cual ya llega a representar el 58,5% del PIB y es evidente que tiene que darse una combinación de impuestos, reducción de gastos y deuda para financiar ese faltante.

Sobre el incremento de los impuestos, estamos desde hace más rato de la cuenta, experimentando sus consecuencias al afectarse el consumo que se ha reflejado en un desempleo muy alto y que se da en los estratos más necesitados del país. No es de extrañar que el Estado sea presa de múltiples grupos de interés todos buscando y consiguiendo exenciones de impuestos. Los Gobiernos de los expresidentes(a) Pacheco, Arias, Chinchilla y Solís decretaron 119 exenciones de impuestos, con nefastas consecuencias para Hacienda.

El Informe del Estado de la Nación se expresó de la siguiente forma sobre este tema de las exenciones… “A pesar de la falta de solvencia de las finanzas públicas, el país sigue aprobando exenciones fiscales”… Pamela Jiménez se expresó así… “lo que sucede es que las exenciones están quedando indefinidas, abiertas, lo que significa que pueden incluirse un montón de impuestos que tal vez no eran en los que se pensó originalmente” Recuérdese que las exenciones fiscales representan el equivalente al 5,7% del PIB.

Así las cosas, los impuestos recaen cada vez con mayor peso sobre los sectores de menor capacidad de pago, impiden la adecuada capitalización de las empresas de base local (principalmente pymes) y lanzan a una creciente cantidad de personas a la informalidad.

Por el lado del gasto en el año de 2018, representó el 19,69% del PIB lo cual sólo representó una reducción del 0.33% respecto al año 2017. El Gobierno ha tomado importantes medidas para la contención del gasto, en particular la Regla Fiscal que viene a limitar el crecimiento del gasto corriente o mejor dicho a limitarlo en relación al crecimiento de la economía.

Lo anterior se debe de reconocer como un paso muy importante en la delicadísima labor de volver a tener control sobre nuestras finanzas públicas…y es aquí donde aparece la amenaza de la deuda.

La evolución de la deuda como porcentaje del PIB es la siguiente:

Tabla

Fuente: Elaboración propia.

Aquí introducimos el concepto de Límite Natural de Deuda (LND) que se define como el porcentaje de deuda a PIB que es coherente con un compromiso por parte del Gobierno de mantenerse solvente en caso de que experimente de forma permanente una sucesión de eventos que provoque que los ingresos y gastos se ajusten a niveles mínimos…o sea es el valor de la deuda sobre la cual el Gobierno tiene capacidad de pago.

Chaverri (2017) nos informa que el LND para nuestra economía es de 48,6%, o sea que ya pasamos (desde hace tres años ese límite). No es casualidad de que las calificadoras de riesgo nos hayan reducido la calificación, esto a pesar de que el riesgo crediticio no depende sólo del tamaño de la deuda, también de la estructura de la misma y de ciertas consideraciones institucionales del país.

En sí misma la deuda no es “mala”, más bien sirve propósitos importantes como el desarrollo de capital físico y humano, enfrentar crisis financieras y atender desastres naturales…pero cuando es muy alta afecta por varios lados precisamente lo que el Gobierno más trata de hacer: reactivar la economía, veamos algunos:

Estrujamiento al sector privado y mayores tasas de interés. Se restringen las necesidades de inversión productiva privada y el financiamiento escaso y caro reducen el aporte de ese sector al crecimiento del país y muy especialmente a la reducción del desempleo.

Pérdida de competitividad. Si el Estado sigue recurriendo al endeudamiento externo para financiar su déficit, provoca un exceso de oferta de divisas y con ello la apreciación de la moneda nacional, lo cual constituye un desincentivo al sector exportador con efectos desfavorables sobre la producción y el empleo.

Política monetaria del BCCR. Se reduce la efectividad de la tasa de política monetaria del BCCR para alcanzar sus niveles de estabilidad de precios cuando el endeudamiento público distorsiona los niveles de la tasa de interés en el sistema financiero.

Afecta el propio déficit fiscal. Aquí se genera un ciclo vicioso. El pago por intereses de deuda aumentó del 3,52% en el 2018 a 4,18% en el 2019 y fue una causa del mayor défict registrado. No es posible que Costa Rica esté pagando tasas de interés del 10% en dólares ¡a plazos de tres años!

Incertidumbre. Las decisiones tanto de inversión como de consumo se ven afectadas, ya que productores y consumidores se ven enfrentados a señales muy diversas que afecta la toma de decisiones, en especial por la necesidad de un fuerte ajuste fiscal.

Estamos frente a un panorama fiscal altamente complicado y difícil que requerirá de la mejor voluntad de todos los costarricenses. Es un problema serio del cual yo vengo hablando desde hace por los menos 20 años y es un problema que afecta principalmente a las personas más necesitadas y menos representadas en organizaciones que tengan poder de negociación ante el Gobierno.

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