De amiguismos, mercaderes de la fe y mercaderes de los votos

Gabriela Arguedas

Gabriela Arguedas

No se puede construir una sólida cultura política en un país que carece de buena memoria. Los errores que cometen quienes ocupan puestos de liderazgo político en organizaciones sociales de diverso tipo, deben ser analizados con calma pero con rigor, para aprender de ellos y evitar que se repitan. Sin embargo, si los olvidamos y los barremos debajo de la alfombra de la autocomplacencia o del desinterés, muy pronto estaremos de frente otra vez con la piedra que nos hizo tropezar en ocasiones anteriores.

Una de esas piedras, en el caso de los partidos políticos no tradicionales o emergentes (y a pesar de ser partido oficialista en este momento, sigo colocando al PAC en esa categoría) es la ausencia de formación política y la tendencia a tomar decisiones sobre la base de simpatías y amiguismos. Otra piedra es la ignorancia, que se sostiene sobre el rechazo al estudio y el análisis de los problemas y procesos culturales y políticos; y que a su vez se alimenta al trivializar la importancia de una buena asesoría legislativa.
Si los diputados y diputadas de lo que podemos llamar, grosso modo, el progresismo, no comprenden qué es y cómo funciona el fenómeno del fundamentalismo de corte evangélico y el neo-integrismo católico, o si sabiéndolo, no desarrollan estrategias claras para evitar que siga expandiéndose (en cuyo caso, ya yo dejaría de incluirlos en la categoría progresismo), cometerán el error de restarle importancia a la consolidación de estos movimientos políticos de discurso religioso y al hacerlo, van a contribuir (por acción o por omisión) al avance de estos grupos cuyo talante constituye una seria amenaza a la democracia y al Estado social de Derecho.

Lo más peligroso de partidos políticos como Restauración Nacional o Renovación Costarricense, que son organizaciones político-religiosas de corte fundamentalista, es decir, que consideran la Biblia como un texto vinculante en el campo de lo político y jurídico, y lo colocan en un rango superior a la Constitución de la República; no es que tengan un discurso misógino, sexista y homofóbico. Tampoco lo más peligroso es que no sean progresistas en términos de derechos humanos. Lo más peligroso es que usan el caudal cautivo de votos de la militancia religiosa que han adoctrinado en sus iglesias, para con ello actuar de modo clientelar dentro del Primer Poder de la República, en favor de sus agendas y estilos anti-democráticos, que se centran en blindar jurídica, política y financieramente sus organizaciones (iglesias e instancias relacionadas) y sus procedimientos para acumular capital financiero y simbólico.

Ese caudal de votos, producto –sobre todo, aunque no únicamente- de las deplorables condiciones en las que viven miles de personas en este país, y que han sabido explotar estos movimientos fundamentalistas religiosos, fue importante en la elección de Laura Chinchilla. El abrazo entre Laura Chinchilla y Justo Orozco no fue un gesto vacío. Tampoco lo fue el acercamiento que Chinchilla tuvo con la Conferencia Episcopal. Recordemos que Chinchilla fue la única candidata que en la campaña electoral 2009-2010, se pronunció en contra del Estado Laico. Fue ella la única candidata que se sumó a la Marcha por la Vida y la Familia, organizada desde una alianza entre jerarquías católicas y protestantes. Valga recordar que en esa marcha repartieron volantes en contra de Ottón Solís, al que acusaban de estar “en contra de la vida” por manifestarse a favor del Estado Laico y de apoyar el derecho al aborto terapéutico (que está contemplado como aborto no punible en el Código Penal vigente).

Lo que pasó este 1ero de Mayo no es entonces una novedad. Álvarez Desanti está continuando una estrategia política de pacto con un sector que le asegura una importante movilización de votos para las próximas elecciones, a cambio, por supuesto, de un compromiso con la agenda de los partidos políticos fundamentalistas, que a su vez, favorece ciertos intereses de la jerarquía católica. Esto explica que un proyecto como el 19.099 (Ley de Igualdad Religiosa), avance –viento en popa- dentro del proceso legislativo. Ese proyecto fue impulsado en su momento por Justo Orozco y está diseñado para acceder a muchos de los privilegios jurídicos garantizados a la jerarquía católica a través del artículo No.75 que establece la confesionalidad del Estado. De esta forma, ganan tanto los partidos políticos evangélicos fundamentalistas como la jerarquía católica, pues no se elimina el Estado confesional católico. Gana también el PLN, porque se asegura reponer los votos que ha ido perdiendo de su base socialdemócrata. Es la misma fórmula que le permitió a Jhonny Araya retornar a la Municipalidad de San José, nombrando como vicealcaldesa a Paula Vargas, pastora evangélica y esposa de del pastor/diputado, Gonzalo Ramírez (suspendido en varias ocasiones del ejercicio del Derecho, por violaciones a la normativa del ejercicio profesional).

Que algunos diputados del Frente Amplio hayan dado un voto indirecto a Gonzalo Ramírez, en lugar de votar por Ottón Solís, demuestra dos cosas: 1) que no tienen claro el enorme daño que el fundamentalismo religioso le hace a las sociedades democráticas y a la lucha por la justicia social 2) que se dejan llevar por antipatías o se concentran en una agenda de máximos, en lugar de negociar desde los compromisos de mínimos.

Lo más preocupante de todo esto es que no son solo 4 diputados del Frente Amplio quienes cometen el error de operar así en un foro político. Esta forma equivocada y reduccionista de maniobrar es común dentro de muchas otras organizaciones sociales y políticas en Costa Rica. Los resentimientos, los prejuicios, la ausencia de objetivos claros y diferenciados entre el corto, el mediano y el largo plazo, así como un cierto desprecio por el análisis y la argumentación mesurada, parecen guiar la toma de decisiones en numerosos espacios del progresismo o de lo que podría llamarse, el sector que se ubica del centro hacia la izquierda. Así, el panorama para conservadores sociales y neoliberales, se facilita.

Cierro esta breve reflexión mencionando otro error garrafal respecto al que deben hacerse responsables los diputados PAC y FA: Haber votado a favor de Celso Gamboa, en lugar de elegir a una persona con el perfil, la formación profesional y la experiencia idóneas para ocupar el puesto de Magistrado. Les invito a revisar el informe de la Relatoría especial sobre la libertad de expresión, donde se menciona el intento de intimidación que, de forma pública, realizó el hoy magistrado contra una revista de la que en ese momento yo formaba parte: Revista Paquidermo. Les invito también a leer las declaraciones del ex Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, don José Manuel Arroyo, acerca de comentarios amenazantes que recibió de parte de Celso Gamboa. Fue un total desacierto que el Presidente de la República lo llamara a formar parte de su gabinete, pero ese error no disculpa a la fracción del PAC (valga aclarar que tanto Epsy Campbell como Ottón Solís no votaron por Gamboa) y mucho menos a Gerardo Vargas y a los otros diputados del FA que le dieron su voto a Celso Gamboa. Cuando le preguntaron a Gerardo Vargas por qué había apoyado a Celso Gamboa (una figura poco querida en el movimiento social de defensa de la CCSS), dijo sin disimulos que “eran buenos amigos”.

Fuente: Semanario Universidad



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