Consulta a la Sala IV

…¿Y usted qué opina?
Fernando Berrocal

Fernando Berrocal Soto

Solo los radicales o los que no estudian niegan que los trabajadores privados y públicos tienen todo el derecho de organizarse en sindicatos. De eso no hay ninguna duda. Tampoco hay ninguna duda de que el texto del artículo 61 de la Constitución Política faculta a la Asamblea Legislativa para “regular” las huelgas. No para “prohibirlas”. Ese aspecto esencial del debate está resuelto.

Varias veces me he pronunciado, en esta columna semanal, contra la judicialización de la política y que todas las iniciativas de ley aprobadas por la Asamblea Legislativa en primer debate terminen en la Sala Constitucional. Pero esta última ley sobre la regulación de las huelgas sí debe pasar por un fuerte, sereno y racional filtro de constitucionalidad en ese alto Tribunal.

La paz social y la estabilidad de nuestra democracia necesitan que sea así.

Especialmente, los siete Magistrados deben analizar al detalle el punto más controversial y conflictivo de esta ley: el no pago del salario de los trabajadores desde el primer día de una huelga. Hay que determinar si esa acción, hasta ahora parte de nuestro ordenamiento jurídico, constituye o no un rompimiento del contrato de trabajo y, por consiguiente, si da origen o no a un despido justificado y sin responsabilidad del empleador si la huelga llegara a ser declarada ilegal, posteriormente, por un Tribunal de Trabajo; perdiendo el trabajador los derechos legales adquiridos durante toda su vida laboral.

Este es un punto de fondo muy serio y sensible.

Lo que decida la Sala Constitucional, sobre este artículo, constituirá un antes y un después, como consecuencia no solo de lo que se determina en la ley sobre las relaciones obrero-patronales, sino por sus implicaciones reales en el plano económico y social y en la vida política del país. De determinarse que el trabajador pierde sus derechos laborales, esta disposición a mi juicio es inconstitucional y rompe el pacto social costarricense adoptado en 1949.

Sobre el resto del articulado no veo problemas de constitucionalidad. Lo que hay son fuertes divergencias ideológicas y políticas. Pero eso es otra cosa.

La polarización social y la radicalización política son enemigas de la libertad y la democracia. Por ello, esta consulta de constitucionalidad la necesita el país.

En cuanto al pronunciamiento de la Contraloría General de la República, en el caso de la CCSS, ese pronunciamiento está totalmente blindado y es terminante. Como consecuencia, la posición de Román Macaya y de los ministros de la Presidencia y de Trabajo resultan totalmente comprometidas Esta metida de patas es realmente histórica y de antología nacional.

La Contraloría General de la República, como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, se paró en seco y dictó una resolución bien fundamentada. Bien harían los sindicatos médicos y de salud, en acatar nuestro Estado de Derecho.

Atravesamos un momento crítico y debe primar nuestra Constitución Política.

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