Confusiones de una ley

Notas al Tema

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Guillermo E. Zúñiga

Ahora que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas empieza a aplicarse, comienzan a “aparecerle las pulgas”. Tal vez la premura en la etapa final de la discusión evitó depurarle algunas inconsistencias que dan espacio al conflicto. Claro que también hay partes interesadas en forzar interpretaciones, lo que aumenta el malestar y atiza la confrontación.

Veamos dos ejemplos de temas que no han sido claramente explicados.

LA REGLA FISCAL EN LA CAJA. La no aplicación de la regla fiscal en la CCSS no es el resultado de la negociación entre los sindicatos y la institución, como algunos han querido presentarlo. La ley aprobada por el Congreso eximía desde su inicio a los regímenes de pensiones a cargo de la Caja. Pero la ley aprobada por los diputados tenía el interés de aplicarle las restricciones de la regla fiscal a los servicios de Enfermedad y Maternidad. El Gobierno también lo quería.

Quien definió este tema fue la Sala Constitucional, cuando declaró que el proyecto no tenía problemas de constitucionalidad si se sacaban también los servicios médicos. “Por unanimidad se evacúa la consulta en el sentido de que no es inconstitucional siempre y cuando se entienda que…el seguro de enfermedad y maternidad también está excluido de la regla fiscal” (Resolución de la Sala Constitucional del 23 de noviembre de 2018).

El Gobierno, como siempre, no fue capaz de explicarle a la ciudadanía el alcance de este fallo constitucional. Los jerarcas daban declaraciones contradictorias; los ánimos se caldearon. Y, lo peor, hubo confusión, ¿desinformación?, ¿falsas noticias? Al punto que una bandera de los sindicatos médicos en el conflicto era sacar a la Caja de la regla fiscal. ¡Válgame Dios! Tema resuelto en noviembre del año pasado.

LOS SALARIOS EN EL PODER JUDICIAL. A principios de esta semana se informó que la Corte Suprema de Justicia estaba “saltándose la reforma fiscal”. Una información de este tipo nos dice que la Corte está incumpliendo una ley. ¡Vean qué clase de acusación! Desde luego, todos reaccionamos con molestia.

TRANSITORIO XXV. Algunos amigos me empezaron a consultar sobre esa decisión de la Corte, por lo que me puse a revisar el caso. No me corresponde meterme con las argumentaciones que ya ha expuesto la Corte. Pero sí voy a compartir con los lectores que la misma ley aprobada incluye el TRANSITORIO 25 que dice lo siguiente: “El salario total de los servidores que se encuentren activos en las instituciones contempladas en el artículo 26 a la entrada en vigencia de esta ley no podrá ser disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos que ostentan”.

Para información del lector, el artículo 26 se refiere a que las normas sobre remuneraciones que crea la ley se aplican al Poder Ejecutivo y sus dependencias, a las instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas y municipalidades.

LA REDACCIÓN DEL TRANSITORIO CREA CONFUSIONES. Permite interpretar que los servidores activos al momento de entrada en vigencia de la ley no pierden ninguna condición que tenían y las mantienen hacia el futuro. O bien, la interpretación que le ha dado el Gobierno, en el sentido de que no pierden lo alcanzado hasta ese momento, pero a partir de la publicación de la ley se cambian las reglas para esos funcionarios.

Por el bien del país, esto debe aclararse cuanto antes. Digan lo que digan las partes interesadas, este transitorio es fuente de conflictos. Por ello, o se le da una interpretación auténtica de inmediato, o se modifica de una vez. Ambas tareas son de la Asamblea. Entre más se tarde en aclarar el tema, más problemas se están incubando.

NO CONVIENE CALENTAR LOS ÁNIMOS. Acusar a la Corte de brincarse las leyes es muy grave. Y no es el Poder Ejecutivo el que define si una ley se está cumpliendo o no. Gobernar con represalias es muy serio. Provocar un conflicto entre poderes resulta inconveniente.

CONCLUYO. El Gobierno debe mostrar mayor control en la conducción de los temas nacionales. Y debe evitar lagunas de interpretación y gobernar para todos. Ante la menor debilidad, los grupos interesados van a jalar para su saco. ¡Mucho cuidado!

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Una respuesta a Confusiones de una ley

  1. Randall 24-08-2019 en 7:39 am

    Consideraciones sobre la columna de don Guillermo.

    1. Fueron la CCSS y los sindicatos, los que escondieron, en la supuesta aplicación de la Regla Fiscal (Título IV de la Ley) a la CCSS, la verdadera intensión del acuerdo: evitar la aplicación de las normas sobre anualidades (incluidas en Título III de la Ley, relativo a empleo público). Basta leer el acuerdo de agosto en sus puntos 1 y 2, que hacen referencia a los puntos 1.2 y 2.1 del acuerdo de febrero. En ese mar de referencias cruzadas se escondieron las verdaderas intensiones.

    2. Los derechos adquiridos se refieren a los recursos que YA ingresaron al Patrimonio de la Persona. Por ende, la Ley necesitaba para ser aplicada bien, sin problemas constitucionales, que se incluyera mediante transitorio, el respeto a esos derechos adquiridos, por cuanto las condiciones (como el mecanismo de cálculo de los pluses) cambiaría en adelante, no así el monto a percibir por el funcionario.

    3. En efecto los Funcionarios Activos, no pierden lo alcanzado hasta ese momento en términos nominales, pero a partir de la publicación de la ley se cambian los mecanismos porcentuales de cálculo de los pluses por ser explosivos. El derecho se respeta hasta el momento en que se convirtió en tal es decir, en el momento en que se materializó, es decir cuando se adquirió (Al ingresar a mi patrimonio), antes NO es un derecho, sino una expectativa de derecho.

    4. La Corte se está brincando esta Ley, aduciendo que tiene otras leyes propias, particulares y anteriores, que anulan cualquier Ley general posterior. Se pudo haber convertido en parte del bloque de legalidad, respetando los derechos adquiridos y cambiando las formas de cálculo, si por supuesto; pero simplemente NO quieren, y eso es obviar parte de la legislación nacional.

    Conclusión: lo más irónico de esto es que los aumentos salariales permitidos al Magisterio, a la Corte y a la CCSS, en el periodo postcrisis 2008, fueron uno de los dos detonantes más significativos de las condiciones fiscales actuales, aunado a la caída en los ingresos (2 puntos porcentuales del PIB en tan solo 1 año).

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