Chile: neoliberalismo, estado de emergencia y respuesta popular. Dossier

Fabián Puelma Alejandro Guerrero Ana Maria Gutiérrez Ibacache Leonardo Jofré

Poco antes de cerrar la edición de SP, llegan noticias de que el presidente Piñera ha anunciado la tramitación de una ley urgente para revocar la subida de las tarifas del transporte público y, en especial, del Metro de Santiago, después de la explosión social del pasado viernes 18 de octubre, que dejó 41 estaciones dañadas y decenas de autobuses quemados, además de saqueos de tiendas y supermercados. Pero al mismo tiempo ha reafirmado la vigencia del toque de queda en Valparaiso, Coquimbo, O’Higgins y Biobío, además de Santiago. Se han producido tres muertos, centenares de heridos por la represión y 716 detenidos. El movimiento popular contra las medidas neoliberales se extiende ya a las principales ciudades de Chile.

El alcalde de Valparaiso, Jorge Sharp, ha declarado: “Ante la indignación de la gente, el gobierno suspende la democracia. Ante las alzas y abusos, la derecha militariza las calles. Es el libreto conocido de la política que por más de 30 años vendió y privatizó nuestras vidas y país. Hoy la gente dice fuerte y claro: ¡Basta ya! SP

Rebelión popular en el Chile heredado de la dictadura

Fabián Puelma

Jornadas históricas se viven en Chile, los acontecimientos se suceden rápidamente. El alza de pasajes dio pie a una rebelión popular. El gobierno respondió sacando a los militares a la calle. Pero fue apagar el fuego con bencina. La respuesta popular fue contundente. La lucha sigue en pleno desarrollo cuestionando el conjunto de la herencia de la dictadura.

Una verdadera explosión social. Eso es lo que está pasando en estos momentos en Chile. El viernes fue una jornada de revuelta nada menos que en la capital del país, de carácter espontáneo. El gobierno respondió con el estado de excepción, entregándole el mando de Santiago a el general Javier Iturriaga y sacando a los militares a las calles para instalar el miedo, diciendo que la delincuencia y el vandalismo se había desatado. La rabia volvió a estallar. Y ahora con más fuerza.

Si el viernes fue histórico, la respuesta popular frente al estado de excepción fue más contundente aún. Desde el mediodía del sábado se multiplicaron los cacerolazos, concentraciones y barricadas, ya no sólo en Santiago sino en las principales ciudades del país.

Los militares se apostaron en los principales puntos de Santiago, intentando disuadir las manifestaciones. Pero el efecto fue el contrario. Más rabia e indignación. “Piñera cagón, me paso por la raja tu estado de excepción” se escucha en las calles de Santiago. Jóvenes rodeando a militares con sus cacerolas, gritándoles que se vayan. “Fuera los milicos” es lo que se escucha en las esquinas, mientras siguen las barricadas y quema de buses a cuadras de los militares armados de fusiles de guerra. El estado de excepción se vio superada por los hechos.

La revuelta sigue en pleno desarrollo. El gobierno convocó a parlamentarios, alcaldes, partidos oficialistas y de oposición para discutir un “plan para mitigar el impacto del alza del pasaje en los sectores vulnerables”, según sus palabras. El Frente Amplio y el Partido Comunista rechazaron reunirse mientras sigan los militares en la calle, pero por ahora se niegan a convocar un paro nacional para derrotar el estado de excepción. Los partidos de gobierno no tienen una línea común clara. Los partidos de la ex Concertación, rechazaron el estado de excepción por considerarlo un “fracaso” del gobierno y llaman al diálogo.

Las imágenes de manifestantes desafiando a los militares recorren el mundo.

La chispa que prendió la revuelta

Los secundarios autoconvocados fueron la chispa. Rápidamente se extendió a amplios sectores sociales. “Aguante los jóvenes, arriba los viejos” son algunas frases que se escuchan y el sentimiento de millones. La gota que rebalsó el vaso fue el alza de los pasajes de la locomoción colectiva. Eso hizo estallar la rabia acumulada. Suben las cuentas y el pasaje, pero los salarios nunca suben. Los sueldos y las pensiones simplemente no alcanzan. Eso se comentaba en las esquinas, en las concentraciones, en los cacerolazos y barricadas.

El viernes las jornadas de “evasión masiva” escalaron y obligaron a interrumpir el conjunto del servicio del Metro de Santiago. Eso no pasó ni siquiera para el terremoto del 2010. Durante los días las estaciones fueron militarizadas por Fuerzas Especiales de Carabineros. Pero el viernes la represión dio un salto, con cientos de detenidos y decenas de heridos. Los videos de jóvenes gravemente heridos por Carabineros empezaron a circular y viralizarse.

A las horas de la tarde, con el Metro interrumpido, con cortes de calle y barricadas en diversos puntos de la ciudad, cientos de miles, quizá millones de trabajadores caminaban por las calles buscando volver a sus casas, en medio de los atochamientos y la falta de locomoción. Muchos adhirieron a los gritos. Otros se sumaron a las barricadas.

El gobierno se reunió de emergencia durante la tarde y el ministro de interior, Andrés Chadwick, en cadena nacional, anunció la aplicación de una ley de la dictadura: la Ley de Seguridad Interior del Estado, una legislación que endurece las penas de delitos que se comenten en el curso de rebeliones o en el curso de protestas generalizadas. Enfrentar el vandalismo y la delincuencia era el discurso del gobierno.

Pero los anuncios sólo prendieron más los ánimos y la respuesta fue impresionante con cacerolazos en distintos puntos de la ciudad, incluyendo barrios acomodados. La Alameda fue cortada por diversos puntos de cacerolazos y barricadas. Muchos jóvenes. Ya no sólo secundarios, sino muchos ex estudiantes que vivieron el 2011 volvieron a las calles. También familias que salían a los balcones a cacerolear y muchos que se volcaban a las calles. En la periferia las barricadas se extendieron y radicalizaron. Hubo quema de estaciones del Metro, y se registraron algunos saqueos e incendios.

El gobierno respondió escalando y decretó el estado de emergencia, que es un estado de excepción constitucional que le entrega el control de Santiago a los militares. Santiago amaneció con camiones militares y despliegue del ejército. Desplegar a los militares para enfrentar la movilización popular. Una medida inédita en democracia. Una imagen explícita y brutal de la herencia de la dictadura. Como decíamos, si el gobierno quería imponer el miedo, se produjo todo lo contrario. “Nos robaron tanto que nos robaron hasta el miedo”, una de las consignas que llena pancartas improvisadas.

La gota que rebalsó el vaso

“Di la pelea el 73 y estoy acá junto a la juventud nuevamente. No quiero que mis hijos y mis nietos pasen todas las calamidades que pasamos nosotros”, era lo que entre llantos decía un pensionado esta mañana en la plaza de Maipú.

La revuelta partió por el alza del pasaje, pero rápidamente puso sobre el tapete el cuestionamiento profundo a los aspectos más irritantes de la herencia de la dictadura. Las pensiones de hambre, los bajos salarios, la represión sistemática. Todo, mientras los empresarios siguen ganando millones, se coluden para fijar los precios, intoxican a comunidades enteras. Escándalos de corrupción en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, desafían el miedo que la dictadura sembró.

La rabia se acumuló por una casta política y un presidente multimillonario que se ríe en la cara de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud. “Madruguen para pagar menos”, es lo que dijo el ministro de Economía ante el alza del pasaje. “Las flores han caído un 3,7%, un dato para los románticos”, bromeaba el Ministro de Hacienda. “Cuando suben los tomates no hacen ninguna protesta”, decía el presidente del “panel de expertos” del pasaje, provocando a millones de trabajadores y pobres.

Todo, mientras Piñera se jactaba que “Chile es un verdadero oasis en Latinoamérica”. Las imágenes del levantamiento en Ecuador quedaron en la retina de millones y muchos lo mencionaban como inspiración. Muchos analistas ven a los chalecos amarillos de Francia como otro punto de inspiración.

A impulsar la huelga general para derrotar a Piñera

La revuelta fue espontánea. Fue la explosión por la rabia acumulada, en donde la juventud jugó el rol de chispa que se esparció rápidamente. Pero ya empiezan a surgir las primeras iniciativas de organización. Los portuarios hicieron un llamado a preparar la huelga general y este sábado los puertos de Iquique y San Antonio paralizaron, y se están realizando asambleas en distintos puertos para votar y organizar el llamado.

La CONFECH, la ACES y la CONES convocaron a un paro nacional para este lunes, convocando a asambleas de emergencia en las universidades y jornadas de protestas para ese día. Organizaciones como la Coordinadora 8M volvieron a instalar la consigna de huelga y se suman a los llamados de movilización. En algunas regiones se convocaron para este sábado a las primeras asambleas territoriales, junto con movilizaciones, cortes de calle y barricadas.

Son los primeros pasos de la dinámica que está planteada que se desarrolle. Sin embargo, organizaciones como la CUT, dirigida por el Partido Comunista y otras organizaciones sindicales dirigidas por el Frente Amplio, se han negado por ahora a convocar un paro nacional. El Partido Comunista, en cambio, plantearon “si el Presidente está renunciando a gobernar y se escuda tras los militares, lo mejor sería que renunciara y llamara a nuevas elecciones ahora”, pero sin convocar a ninguna acción que ponga a la clase trabajadora y las organizaciones de masas al frente de la revuelta popular.

El llamado de los portuarios se vuelve urgente. Las principales organizaciones sindicales, estudiantiles, la Coordinadora NO+AFP y las demás organizaciones agrupadas en la “mesa social”, deben convocar a una huelga general, que partiendo por derrotar el estado de excepción y sacar a los militares de las calles, avance a derrotar al gobierno y conquistar demandas como la estatización del transporte público bajo gestión de trabajadores y usuarios; la reducción de la jornada laboral, con un sueldo mínimo acorde a la canasta familiar y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados; el fin a las AFP y por un sistema de reparto gestionado por trabajadores y jubilados. Debemos acabar con toda la herencia de la dictadura, e impulsar sobre las ruinas del régimen, una Asamblea Constituyente Libre y Soberana basada en la movilización, en el camino de luchar por un gobierno de las y los trabajadores en ruptura con el capitalismo.

http://www.laizquierdadiario.com/Revuelta-y-explosion-social-en-el-Chile-heredado-de-la-dictadura

¿Qué es el estado de emergencia que decretó Piñera?

Alejandro Guerrero

De forma inédita desde la dictadura, el gobierno de derecha de Piñera decretó el estado de emergencia para las provincias de Santiago y Chacabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo ¿Que implica esta situación?

Como respuesta a las movilizaciones que ayer 18 de octubre se produjeron por toda la red de metro en todo el gran Santiago, el gobierno empresarial de Sebastián Piñera, lejos de revertir las alzas que en primer lugar generaron el descontento, avanzó un paso más adelante en su autoritarismo y decretó el estado de emergencia para las provincias de Santiago y Chacabuco, así como para las comunas de Puente Alto, dejando el control a Carabineros, el Ejército y el general Javier Iturriaga.

¿Qué significa Estado de Emergencia?

Según la Constitución chilena en el artículo 40 2° en y la Ley N°18.415 Ley Orgánica

Constitucional de los Estados de Excepción​, uno de los tipos de Estados de Excepción Constitucional es el estado de emergencia, que es dictado por el Presidente de la República en caso de “grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación”.

Este estado puede ser declarado en todo o en una parte del territorio nacional y no puede exceder de un plazo de quince días, aunque el Presidente de la República puede prorrogar por el mismo período. Para extenderlo a un plazo mayor, el Presidente debe contar con el acuerdo de la Cámara de Diputados.

El Jefe de Defensa Nacional, que en este caso es Javier Iturriaga, es designado por el presidente de la república y es quien asume las zonas respectivas definidas bajo el estado de emergencia.

Este tiene como obligaciones asumir la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale, asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona, controlar la entrada y salida de la zona y el tránsito en ella, establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público, y poseer autoridad constitucional para limitar los derechos de libre tránsito y libre reunión.

http://www.laizquierdadiario.cl/Que-es-el-estado-de-emergencia-que-decreto-Pinera

Tanques en las calles de Santiago

Ana María Gutiérrez Ibacache

Octubre del 2019, nunca se pensó que las manifestaciones por el alza de la tarifa del transporte público derivaría en la salida de tanques militares a la calle y se decretaría Estado de Emergencia.

Suena ridículo y sobredimensionado, pero es lo que tenemos por culpa de una clase política gobernante incompetente que no negoció y no intervino de la manera que los gobiernos democráticos suelen hacer, pacíficamente y mediante el diálogo. Sino que prefirió enviar fuerzas especiales a las estaciones de metro e incitar a la violencia con la represión policial, la que por cierto no apareció en la televisión: carabineros golpeando estudiantes disparando balines directamente a los cuerpos de las y los manifestantes; arrojando lacrimógenas a los vagones del metro sin importar la presencia de niñas y niños y personas mayores, reprimiendo con una violencia desmedida.

Por otra parte, fueron gobernantes bastante competentes en alcanzar el objetivo deseado por ellos, toda vez que dejaron que el conflicto social y las manifestaciones escalaran al punto de estallar en las calles con rabia y enojo, algo normal sino escuchan tus demandas durante una semana de evasión. Aquí los medios de comunicación juegan un rol trascendental, ya que se transmitió caos y pánico, con los incendios en las estaciones de metro y buses de transantiago, vandalismo y saqueos. Llama poderosamente la atención que “increíblemente” las policías no pudieran controlar la situación, porque claro es mejor la intervención de militares y así se les da una lección a esos adolescentes inmaduros e inconscientes. La prensa no mostró un solo video de los abusos de las fuerzas policiales sobre la ciudadanía, pero transmitieron mil veces videos de las agresiones a la policía.

Da una tristeza tremenda ver las estaciones del metro quemarse, por la irresponsabilidad de un gobierno que en vez de sentarse a negociar, reprimió con violencia. Todo esto tiene que ver con una evidente falta de manejo político -o muy bueno si pensamos en la doctrina shock-, sumado al miedo que este gobierno le tiene a las manifestaciones sociales con apoyo ciudadano transversal.

La rabia por la desigualdad social es insostenible y esto es una muestra evidente de que nos cansamos de los abusos, del machismo, de la pobreza, de la represión y la violencia. Cada vez que el pueblo se organiza para manifestar el descontento social, el gobierno tiembla y cuando más miedo tienen es cuando más violentamente reaccionan. Así que aquí estamos en Estado de emergencia, no por un terremoto de la naturaleza sino que por un terremoto político causado por una profunda insensibilidad ante la desigualdad social, que esos políticos no han vivido ni vivirán en sus vidas porque son unos privilegiados del sistema capitalista patriarcal hegemónico.

https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/19/tanques-en-las-calles-de-santiago/

La evasión desde el privilegio: la derecha y el progresismo como antagonistas de la protesta popular

Leonardo Jofré

La protesta como herramienta “hasta que la dignidad se haga costumbre”. La condición de posibilidad de aquella premisa es, claramente, que la dignidad no está en nuestro diario vivir. Y ciertamente así es, pues el problema no es, en sí, el alza del pasaje. Aquello es sólo expresión de algo mayor, un sistema político-económico de ricos y pobres, de explotadores y explotados. Esto es un conflicto de clase. Por ello no es baladí el rechazo transversal a las evasiones del pago del pasaje de metro desde la derecha y la vieja Concertación, pues representan la defensa irrestricta, con más o menos adorno progresista, de aquel modelo que se implementó a costa de fuego y sangre, y que tan bien han administrado durante los últimos 30 años

Las masivas evasiones del pago del pasaje del Metro de Santiago han tenido un correlato digno de analizar: el cómo desde la posición que se toma frente a ellas se configura el rol que distintos actores y actoras juegan en el campo de la protesta popular.

Desde el Ejecutivo la posición ha sido clara: desde el reproche moral a la amenaza autoritaria, se han desplazado desde un “no entender por qué se movilizan los estudiantes si no les afecta el alza del pasaje” hasta el buscar quitar el pase escolar a quienes se manifiesten. Ciertamente es difícil pedir, en la derecha, un compromiso social: no entienden el actuar si no es desde la idea de un provecho personal. Por eso no son de extrañar las declaraciones de la ministra Hutt (Evópoli), pues la defensa de su modelo social tiene en su base ética al individualismo del actuar. Se opera, popularmente, por el otro y desde un otros, donde el no-yo no es tan lejano: quienes pagan los costos del pasaje con la precarización de sus vidas son los mismos padres y madres de aquellos estudiantes. Nuevamente tenemos una derecha que, por más vestiduras y adornos del manoseado siglo XXI tome, vuelve a la idea más primitiva del castigar: la movilización escolar como un derecho reducida a un “si reclamas te lo puedo quitar”. ¿Recordará la ministra que las mismas movilizaciones que amenazaron al statu quo el 2006 y 2011, tienen su correlato directo en la lucha por el pase escolar?

Desde el oficialismo tampoco se tardó en reaccionar. Los diputados Sebastián Torrealba y Karin Luck de Renovación Nacional (RN), presentaron un proyecto de ley que busca sancionar a todas aquellas personas que evadan su pasaje en el Metro de Santiago con una multa de hasta $480.000, es decir, ¡un equivalente a más de un sueldo y medio mínimo! La disociación de aquellos parlamentarios es tal que, obviando el fondo de la legítima protesta social, no tienen pudor en reaccionar mediante la tipificación penal de la evasión desde la más absoluta verticalidad: Ellos, los diputados de sueldo millonario que utilizan vehículos pagados por el Congreso para transportarse, buscan castigar a quienes, por medio de sus impuestos, permiten que se puedan movilizar de la forma más cómoda posible. Enrostran sin miramientos y de forma impune su privilegio, conscientes de su propia clase.

Pero también existen aquellos que, casi haciendo uso del cómodo papel “por fuera” de lo institucionalmente político, pretenden imponer una verdad de cómo debe ser una movilización social. Especial rol juegan, aquí, figuras “progresistas” del mundo de la televisión. Mónica Rincón, por ejemplo, señaló que la protesta es inadecuada en tanto afecta a las y los trabajadores en su deseo de transportarse. El problema de ello es que se sitúa desde un interlocutor ajeno, observador del proceso, pero que intenta representar la consciencia de una de las partes del mismo. Si la posición de aquélla fuera realmente cierta, la pro-protesta desde la vereda estudiantil habría quedado simplemente en ello, mas se ha demostrado que -tanto en la evasión como en el forzar que el metro pare en las estaciones cerradas- hay una amplitud más allá de los y las estudiantes. Probablemente, porque en el evidente cansancio de una jornada extenuante sabemos del hartazgo que conlleva el constante abuso, por lo cual el sacrificio de la comodidad aparente parece mínimo frente al de demostrar la rabia, esa misma que intentan codificar pero difícilmente pueden entender quienes sencillamente observan la realidad.

Por otro lado, actuales y ortodoxos personeros de la extinta Concertación, han sido capaces de elucubrar sus posiciones desde la más absoluta desconexión con la realidad social. El senador Felipe Harboe (PPD), por ejemplo, no sólo yerra vergonzosamente en calificar la protesta como una “expresión millennial inaceptable” al referirle un incorrecto rango etario (quienes inician la escalada de “evasiones” son secundarios, bien lejos a quienes nacieron entre 1985 y 1997), sino que comete aquella típica torpeza del desdén adultocentrista -y de añeja centro izquierda- de calificar todo aquello que escapa de sus cánones o entendimiento como algo “infantil”. El sesgo de la voz de la autoridad que, desde el llamado al orden, critica desde las formas sin reflexión real del fondo, tutelando el sistema político-económico desde sus aspectos más mínimos, fiel heredero de la laboriosa gestión de la Concertación.

Otros, desde la prehistoria de la política de la transición pactada, acusan al Frente Amplio (FA) de tener una posición “vergonzosa” al calificar de desobediencia civil la protesta popular. Desde la idea prístina de aquella protesta que no incomoda, la denominan “violencia civil”. Lo relevante de aquella dicotomía artificiosa es que presenta ambos términos como antagónicos: la desobediencia civil que aprueban es, precisamente, aquella que no incomoda. Eso sin siquiera considerar que existe un interesado paroxismo en calificar de violencia una simple evasión, y que, por más que haya escalado hacia la destrucción de parte del mobiliario del metro dentro de la misma acción de protesta como resultado propio de una confrontación, no deja de ser mínima frente al tenor más político de la aquella palabra. Si lo más mínimo es violencia, nada es violencia. Si la referida expresión popular es más que lo mínimo, entonces no hay protesta sin violencia.

Retumba, entonces, una vieja pero siempre latente idea: la protesta como herramienta “hasta que la dignidad se haga costumbre”. La condición de posibilidad de aquella premisa es, claramente, que la dignidad no está en nuestro diario vivir. Y ciertamente así es, pues el problema no es, en sí, el alza del pasaje. Aquello es sólo expresión de algo mayor, un sistema político-económico de ricos y pobres, de explotadores y explotados. Esto es un conflicto de clase. Por ello no es baladí el rechazo transversal a las evasiones del pago del pasaje de metro desde la derecha y la vieja Concertación, pues representan la defensa irrestricta, con más o menos adorno progresista, de aquel modelo que se implementó a costa de fuego y sangre, y que tan bien han administrado durante los últimos 30 años. Lo que ha estado en juego estos breves pero esperanzadores días de rebeldía no es tan sólo quién gana el gallito, porque, siendo honestos, no hay demasiada claridad sobre cuál es realmente ese gallito. Es, en términos más simples, qué rol juega cada uno en una manifestación más de aquello que hace ya 200 años se denominó lucha de clases. No una guerra, no una pelea: un estado concreto y objetivo de la realidad social.

Ni individual ni millennial, ni errónea ni impopular. Expresión pública y efervescente de descontento que hace sentido a una misma clase aburrida de la violencia, la verdadera violencia: esa institucional, que se ejerce por acción del Estado u omisión del mismo ante los abusos de tanto experto, de tanto privilegio, de tanto mercado.

https://www.eldesconcierto.cl/author/leonardo-jofre/

Fabián Puelma Licenciado en derecho por la Universidad de Chile, militante del PTR y colaborador de la Izquierda diario.ch
Alejandro Guerrero Profesor de historia y geografía, colaborador de la Izquierdia diario.ch
Ana Maria Gutiérrez Ibacache Académica y encargada de la Unidad de Género y Diversidad de la Universidad Central de Chile.
Leonardo Jofré Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, ex-presidente de Asociación de Estudiantes de Derecho y activista social.
Fuente: Varias


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