Cambio Político Opinión, análisis y noticias
Fernando Ayala* – Wall Street International
En 1960 Chile fue sacudido por el terremoto más grande desde que hay registros en la historia. Su magnitud fue de 9,6 grados en la escala logarítmica de Richter, que tiene un máximo de 10. El 18 de octubre de 2019, la sociedad chilena estalló como nunca lo había hecho, desatando una energía social acumulada por décadas de injusticia y maltrato resumido en dos palabras: desigualdad y dignidad.
2019, el año más largo del siglo XXI
El 18 de octubre quedará marcado como el día de inicio de cambios que nadie sabe cómo terminarán aún, pero de los que existe plena conciencia que deberán ser estructurales y concluir con la aprobación de una nueva Constitución, esperada por casi 40 años por una parte significativa de la población. Ahí terminará para las chilenas y los chilenos el año 2019. Estamos ante un fenómeno inédito y que será motivo de estudio por largo tiempo debido a que el Estado fue puesto en jaque comenzando por el Gobierno, el Parlamento, los partidos políticos, jueces, policía y una larga lista de instituciones que han sido sobrepasadas por una gigantesca movilización de personas en todas las ciudades del país.
Las manifestaciones han sido acompañadas de episodios graves de violencia que han incluido saqueos de tiendas y supermercados, destrucción de instalaciones públicas y privadas, quema de iglesias, 27 personas fallecidas, 357 con heridas oculares de las cuales 23 han sufrido lesiones o pérdida de la visión, junto a abusos policiales que incluyen desnudamientos y abusos sexuales. Todo ello ha sido calificado por organismos internacionales y chilenos como graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, decenas de carabineros han sido heridos, entre ellos dos mujeres policías quemadas por bombas molotov en los enfrentamientos con grupos de encapuchados que levantan barricadas y un sinnúmero de ataques de turbas delictuales a cuarteles policiales en los barrios periféricos de las grandes ciudades.
Transcurridos más de 2 meses de las protestas, las marchas, a las que acuden miles de personas, no se han detenido. Es cierto que no movilizan el millón y medio que se reunieron en una de ellas en las primeras semanas, pero no han cesado. No se ha visto ni una sola bandera de partidos políticos, solo banderas chilenas y Mapuche, pero sí una infinidad de consignas y frases creativas que dan muestra del profundo malestar por todas las autoridades, así como por el sistema político, económico y social existente.
Los sociólogos definen con el término «anomia» el desprecio por normas, reglas sociales e instituciones en una sociedad. Eso es exactamente lo que parece ha sucedido en amplios sectores de la población chilena, especialmente en los más jóvenes, que dejaron de respetar a los partidos políticos, a los parlamentarios, a las instituciones armadas, a los carabineros y a la Iglesia católica, entre muchas otras, cuyos índices de aprobación en la ciudadanía se han desplomado. Así lo muestran las encuestas donde el presidente Sebastián Piñera aparece con un 13% de apoyo y un 79% de rechazo. Un 85,5% expresa que votará por una nueva Constitución, el 76,9% apoya el movimiento social, mientras que el 64,9% estima que deben continuar las marchas y un 41% señala haber participado en alguna de ellas. Con relación a la violencia, el 71,8% de los encuestados expresan que la violencia es una reacción a la frustración y descontento. Pensiones, salud y educación son las principales demandas, lo que no significa que no haya una larga lista de otras, donde destacan la condena a los abusos y la colusión empresarial para fijar precios en un mercado supuestamente libre.
El camino a una nueva Constitución
El 26 de abril de 2020 se efectuará el plebiscito para definir si los chilenos desean o no una nueva Constitución. Para ello deberán responder tres preguntas:
Quiere una nueva Constitución, SÍ o NO
Convención Constituyente: Integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente, SÍ o NO
Convención mixta constitucional: Integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio, SÍ o NO
De ser aprobada la nueva Carta Fundamental, deberá ser ratificada a través de un referéndum que dejará de inmediato sin efecto la actual Constitución de 1980, redactada entre cuatro paredes durante la dictadura de Pinochet. Entre las cláusulas acordadas para la aprobación de las nuevas normas se indica que deberá contar con 2/3 de los delegados para su aprobación. El sector de la derecha más dura, que forma parte de la coalición de gobierno, ya ha expresado que votará en contra de una nueva Constitución; también se opone a la paridad de género de los constituyentes y a un porcentaje de escaños reservados para las minorías indígenas.
El apartheid social chileno
Cuando hablamos de desigualdad me refiero a la existencia de dos mundos que han convivido desde la instauración del modelo económico legado por la dictadura militar, donde desapareció el concepto de solidaridad y con ello se instauró un sistema basado en el individualismo donde la educación, salud y pensiones están determinadas por el ingreso. Dignidad, porque las diferencias económicas y la ausencia de sistemas de salud y educación, donde todos tengan igual acceso, ha creado mundos paralelos, ciudades segregadas y con ello, una suerte de apartheid social. Ello se ha visto en los días de protestas, especialmente en la capital, Santiago, donde mientras en los sectores populares se levantaban barricadas y se producían saqueos al comercio, en los sectores acomodados muchos bares y restaurantes continuaban funcionando prácticamente con normalidad.
La verdad es que esta estructura es más o menos común en América Latina y viene desde la época del colonialismo español y el surgimiento de las repúblicas independientes formadas por los descendientes de los mismos españoles y de los inmigrantes europeos que se impusieron a las culturas indígenas. En la estructura de propiedad de la tierra, el monopolio del comercio y la explotación de los recursos naturales subyace un modelo de dominación que incluyó el robo de las tierras y la fuerte alianza entre la minoría dominante y el capital extranjero. La dictadura de Pinochet y la instauración del neoliberalismo extremo, terminó con las pocas instancias donde podían confluir personas de procedencia social diferente, como eran las universidades públicas. Hoy siguen existiendo, pero a partir de 1980 junto a las privatizaciones de empresas, florecieron las universidades privadas existiendo hoy en el mercado 34 instituciones de diferente calidad de enseñanza. Vale la pena recordar que, de acuerdo con la OECD, el costo anual de los estudios superiores en Chile es el segundo más alto -en proporción a los ingresos, obviamente- después de los Estados Unidos.
Las encuestas socioeconómicas muestran que el 64% de la población chilena es definida como perteneciente a la clase media -diferenciadas en baja (63,1%), media (26.7%) y alta (10,2%)- con ingresos que oscilan entre 731,7u euros, 1.826,19 euros y 4.446,46 euros respectivamente, para familias de 4 personas, lo que es un gran salto comparado con 30 años atrás. De todas maneras, los sectores medios siguen siendo muy vulnerable, temerosos de volver a caer en la pobreza en época de crisis económica y son éstos precisamente los que exigen mayor protección del Estado.
La violencia
Con excepción de la dictadura de Pinochet (1973-1990), nunca se vio en Chile un grado de violencia como los que se han presenciado en estos últimos dos meses. Desde que Thomas Hobbes escribió en 1651 el Leviatán, quedó consagrado que es deber del Estado garantizar la seguridad de las personas, de los servicios públicos y de la propiedad para evitar el «estado de naturaleza» o la «guerra de todos contra todos». Sin embargo, cada generación ha vivido la violencia en mayor o menor medida y prácticamente siempre se han originado respuestas que pueden tardar tiempo, pero llegan. La historia del mundo así lo demuestra comenzando con la violencia de la esclavitud, el racismo, las consecuencias de regímenes despóticos que han originado revoluciones que a su vez se han encargado de ejercer violencia contra la población. Los totalitarismos del siglo XX en Europa, los horrores del imperialismo japonés, Pol Pot en Camboya, los estadounidenses en sus guerras en Vietnam, el Medio Oriente y otros lugares en el mundo; el apartheid sudafricano, el terror de la violencia del Estado de Israel, el fundamentalismo de los ayatolás en Irán, la vergüenza para la humanidad del régimen de Arabia Saudita, la de los franceses en Argelia, el genocidio en Ruanda de los gobernantes hutus contra los tutsis, o la violencia extrema latinoamericana donde el Estado es el gran abusador como ha sucedido en todos los países de la región.
Los Gobiernos, por tanto, son los responsables del orden y seguridad de sus ciudadanos y cuando fallan, como en el caso chileno, la protesta social los desborda. A ello se sumaron las vacilaciones y falta de visión hasta hoy del presidente Piñera en entender la profundidad de las protestas y la inexistencia de respuestas inmediatas en términos políticos y económicos. Recordemos que el mandatario expresó en cadena de televisión que el país estaba «en guerra», por lo que ordenó sacar los militares a las calles. Las marchas, protestas y focos de violencia no han desaparecido pese al paquete de medidas económicas que anunció posteriormente el gobierno. Todos reconocen hoy, sottovoce, que, si el Gobierno se abrió a un cambio de Constitución y a renunciar a buena parte de su programa de gobierno, fue debido a las masivas protestas y a la violencia que desataron diversos grupos que aún no están plenamente identificados pero que se sospecha son anarquistas, jóvenes radicalizados, bandas de narcotraficantes y delincuentes comunes que han aprovechado la masividad de las marchas.
En el largo devenir de humanidad, la violencia ha estado siempre presente y no ha sido ajena a las grandes transformaciones sociales o, como lo dice el escritor español, Aníbal Malvar:
¿La violencia? Sí. Cuando un Estado se pasa, el pueblo también se pasa. Siempre lo ha hecho. Está en su derecho histórico. Es la vieja tradición de la legítima defensa. Después, a veces se gana y a veces se pierde. En resumen: es la Historia, amigo.
En la época contemporánea, solo las sociedades que tempranamente han resuelto la relación entre el capital y el trabajo, la violencia hoy prácticamente no existe, como es el caso de los países del norte de Europa y Suecia en particular. Ahí firmaron, en 1938, los empresarios, trabajadores y gobierno, los llamados Acuerdos de Saltsjöbodet donde se pusieron las bases del Estado de Bienestar, que favorece a todos, entrega igualdad de oportunidades, dignidad y respeto, y con ello han garantizado la paz social.
Desde la Revolución francesa hasta nuestros días vemos que la violencia no desaparece en los países por una ley o por poner más policías en las calles. Chile tiene una larga historia de matanzas de trabajadores, especialmente durante el siglo XX, ocurridas también en democracia. Luego de la imposición del modelo neoliberal extremo durante la dictadura pinochetista y que no fue posible modificar por la obstinación de la derecha en mantenerlo, el país vive hoy una explosión de demandas simultáneas que hacen muy difícil para quien gobierna poder satisfacer todas. Peor aún es no tomar plena conciencia de la profundidad del cambio y de las condiciones que exige la gente y aferrarse a un modelo económico sobrepasado ya por la historia.
* Fernando Ayala es economista de la Universidad de Zagreb en Croacia y Máster en Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Exembajador, actualmente es consultor para FAO en Roma en temas de cooperación Sur-Sur, académicos y parlamentarios.
