Cerremos la Asamblea Legilstiva

El Sereno

Álvaro Campos Solís
campos.solis.alvaro@gmail.com

Alvaro Campos

La Asamblea Legislativa fue la institución más importante de nuestro país. Malos diputados socavaron su majestad, prestigio y eficiencia hasta convertirla en algo irreconocible para el pueblo.

Cada cuatro años los candidatos presidenciales más audaces traen en su rosario de promesas el compromiso de que si ganan las elecciones van a cerrar esta o aquella institución porque, ciertamente, no cumple ninguna función importante y se han convertido en otro lastre que el pueblo paga. Cada presidente concluye su gestión y deja la deuda pendiente. Lo tradicional es que al concluir su mandato haya aumentado el número de instituciones y de burócratas. A nadie parece importarle la factura. El pueblo paga.

Los políticos que hoy ocupan las 57 curules saben que el país está al borde de la bancarrota, que la pandemia y la crisis económica nos están pasando la cuenta, en particular a un sector de la población donde la pobreza extiende sus tentáculos. A pesar de semejante crisis, la mayoría de los congresistas siguen aceptando las presiones de empresarios sindicatos y de la comunidad universitaria, al tiempo que ignoran las dificultades de grandes sectores de la población.

Sin embargo, ningún candidato o partido político se atreve ni siquiera a mencionar la conveniencia de cerrar la Asamblea Legislativa, el poder que representa al pueblo y que la mayoría de sus integrantes, los diputados, se han vuelto en contra de los intereses del pueblo que los eligió. Ciertamente, hay diputados serios, pero son minoría. La mayoría ha dado muestras de que no acepta echarse la patria al hombro, parafraseando al Papa Francisco.

Además de prebendas como jornadas de cuatro días por semana y gasolina de gratis, nuestros congresistas disponen de 8 asesores cada uno. Creo que ni la Canciller alemana Angela Merkel ni el presidente Biden tienen tanta gente que le hable al oído.

Se ha dado el caso que en esos puestos algunos diputados han nombrado a sus familiares más cercanos, como la esposa, el hijo o el hermano. Nepotismo puro y duro.

Por supuesto que para ponerle candado a ese poder de la república se requiere un presidente con hormonas, valiente e inteligente, ya que el congreso representa, en particular para ciertos intelectuales, la esencia de la democracia.

La democracia no es otra cosa más que el poder en manos del pueblo. Entonces, cómo puede alguien defender un sistema de gobierno cargado de injusticia social. Esa idea de la democracia, como sistema de gobierno, la concibió el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau en 1762. O sea, hace 259 anos. La verdad es que nada está escrito en piedra. Lo único permanente es el cambio. Estábamos notificados de que la pandemia traería cambios. Tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, otro cuarto de milenio, esperando que alguien invente un sistema de gobierno verdaderamente justo.

En una relación costo-beneficio mantener abierto ese poder de la república le sale demasiado caro al pueblo costarricense. Difícilmente existan estudios que demuestren la ineficacia de esa institución.

Sin embargo, es muy posible que, de cada cien proyectos convertidos en ley, uno o dos sean de utilidad para el pueblo. Se da el caso de que proyectos de ley de importancia nacional y que han ocupado la atención de los diputados por centenares de horas, la Sala Cuarta lo eche abajo de un solo plumazo y en tiempo récord. Antes de que surgiera la Sala Cuarta y ante cualquier duda, la Asamblea consultaba a su propio de Departamento de Servicios Técnicos.

Ahora resulta que el pueblo elige diputados, para que lo representen en el Congreso. Sin embargo, es la Sala Cuarta la que resuelve en última instancia. Ella decide por sí y ante sí. Cosa juzgada. En ciertos casos los magistrados de esa sala se convierten en juez y parte. Es cuestión que les corresponda resolver algún asunto que toque sus intereses.

La clase política sabe que el congreso se ha vuelto inoperante. No obstante, por cálculo político no se atreve a mencionar la necesidad de cerrar, temporal o definitivamente ese Poder de la Republica. Una institución costosa, inoperante y que sirve de escenario para toda clase de irresponsabilidades. En España lo hicieron una vez, maniobra que fue identificada como “dictasuave o dicta blanda, así como democradura”, para diferenciarla de las dictaduras que suelen conducir analfabetos o populistas de izquierda y derecha con el apoyo de las fuerzas armadas.

A manera de ejemplo: como forma de oponerse a un determinado proyecto de ley, algunos diputados disfrutan, se solazan, presentando mociones por centenares, algunas hasta repiten su redacción, y de esa manera practican el filibusterismo. ¿No sería más fácil, menos onerosos y hasta más decente, decir, desde su curul, “NO”, ¿en lugar de malgastar su tiempo y el de sus 56 compañeros? Claro, hay que guardar las apariencias o hacer politiquería de la más barata.

Eso sí, con extraordinaria facilidad logran ponerse de acuerdo para condonarle las deudas con los bancos del estado a determinados grupos de presión. Piñeros y arroceros, entre otros productores, obtuvieron la condonación de 6.200 millones de colones en deudas que tenían con el Sistema de Banca para el Desarrollo. A ninguno de los beneficiarios le preguntaron si, mientras disfrutó de la bonanza, pagó los impuestos y las cargas sociales. Mientras tanto, centenares de familias, víctimas de la pandemia y el desempleo, pierden su casa de habitación o su parcela, pues los bancos del Estado hacen valer su condición de acreedores.

Los grandes productores aprendieron que las pérdidas se socializan y las ganancias se aprovechan en beneficio propio. Todo, gracias a la generosidad de los partidos políticos representados en el Congreso y a la actitud complaciente del Poder Ejecutivo. En estos casos el presidente Alvarado y quienes lo han precedido en el cargo no conocen la palabra veto.

Si en algún momento surgiera un presidente de la república con agallas, con hormonas, esperemos que ponga orden en numerosas instituciones donde sus empleados viven un verdadero festín financiero, siempre con recursos del pueblo. Me refiero al Poder judicial y universidades públicas.

El festín tampoco puede seguir en Recope, Japdeva, Cosevi, CNP, Fabrica Nacional de Licores, Comisión de Transporte Publico. El Gobierno Central también tiene la obligación de velar por lo que ocurre en el INVU, el PANI y la misma Junta de Protección Social, para que los dueños de los conocidos “tiempos” no continúen acumulando utilidades por miles de millones de colones, sin pagar impuestos ni cargas sociales. Además, intocables en los predios legislativos. Vaya uno a saber por qué razón.

Estoy consciente de que mucha gente se ha de escandalizar y juzgar de mil maneras mi propuesta. Alegarán que la Asamblea Legislativa es la máxima representación del pueblo y por lo tanto es el templo de la democracia.

Yo respondería que la democracia es un sistema agotado y que de tanto manoseo padece esclerosis. Cuando el enciclopedista Juan Jacobo Rousseau propuso ese sistema como forma de gobierno, casi todo el mundo saludó aquellas innovadoras ideas de convivencia social. La idea de Rousseau cobró vida en 1762. Con el tiempo, el concepto se ha deteriorado, primero porque en su nombre se han justificado dictaduras o se ha fortalecido la corrupción. 259 años es mucho tiempo.

La cuestión es que en naciones como la nuestra resulta difícil, para no decir imposible, identificar al máximo responsable de conducir al país. Yo le pregunto, amigo lector: ¿quién manda hoy en Costa Rica? Desde un punto de vista constitucional, formal, el presidente es quien ostenta el poder. Pero en la práctica las cosas cambian. Aquí hay mucha gente que sostiene la sartén por el mango. Y entre todos los que sostienen la sartén han descuartizado las finanzas del Estado. Hasta las cámaras empresariales y los sindicatos del sector público comparten, amigablemente, los dividendos que surgen del caos.

Por la misma razón el estado costarricense es débil, timorato. A la menor presión, las autoridades ceden. En algunos casos son las mismas autoridades constituidas -caso de las universidades públicas y el Poder Judicial- las que promueven reformas en su propio beneficio. Y nadie mueve un dedo ni se inmuta.

La impresión personal que tengo es que ahora lo que existe es una pirámide en la cual el gran capital, las grandes corporaciones financieras ocupan la cúspide. Son ellas las que manejan la economía y la política exterior. Ellas manejan el país desde la sombra.

En las grandes potencias los gobiernos tienen especial cuidado de no desairar a los dueños del poder económico, militar y tecnológico. En los países pobres la máxima preocupación de sus gobiernos radica en que el capital no abandone el país. Incluso, se les exime del pago de impuestos y si se trata de una potencia mundial, tiene acceso a la seguridad del estado. El estado ha sido incapaz de enseñarle a los empresarios que tiene que pescar con su propio anzuelo y no pasarle la cuenta al pueblo cuando los negocios no salen como estaba previsto.

En segundo plano se ubica el presidente de la república o jefe de estado, según el gobierno de cada país. El tercer plano lo ocupan los comerciantes, intelectuales y la burocracia estatal. Allá, de último, arrinconado, el pueblo. Al pueblo le corresponden dos tareas: elegir a sus representantes y pagar los platos rotos de todo lo malo que hagan el presidente y los diputados.

¿Entonces, como seguir jugando a la ruleta rusa acudiendo a las urnas a ver si la situación cambia? La verdad es que la situación se torna cada día peor. La pandemia por un lado y la falta de voluntad política de los partidos tradicionales aceleran el empobrecimiento del país. Buscar responsables es inútil. La tragedia tiene una explicación sencilla: el presidente de turno tiene un poder escaso como escasa es su voluntad para poner orden. Los diputados no tienen ninguna responsabilidad de lo que hagan o digan en el seno del Congreso, pues así lo establece la Constitución Política. Ellos gozan del privilegio de la inmunidad. La desgracia es que todos aquellos que detentan el poder confunden inmunidad con impunidad. Para colmo de males, el futuro ofrece un panorama más desolador aún.

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