Cambiar la justicia para reducir la corrupción, el desafío de Perú

Por Mariela Jara

Cambiar la justicia para reducir la corrupción, el desafío de Perú

Columnas de manifestantes llegaron hasta la sede del Poder Judicial en Lima, donde exigieron limpiar de corrupción la institución, en las movilizaciones ciudadanas contra la corrupción, realizadas en julio en la capital y otras ciudades de Perú. Mujeres trabajadoras de barrios limeños enarbolaron simbólicamente sus escobas en demanda de limpieza en la justicia. Crédito: Mariela Jara/IPS

LIMA, 1 ago 2018 (IPS) – La marea de indignación ciudadana en Perú ante evidencias de la enraizada corrupción en el sistema de justicia y su relación con el fujimorismo, que controla el parlamento, empujó al presidente Martín Vizcarra a anunciar medidas drásticas contra el flagelo.

Analistas consultados por IPS coinciden en señalar que fue el discurso más político en la lucha contra la corrupción del gobernante, quien con 55 años lleva cuatro meses al mando del país tras suceder en marzo a Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al cargo ante denuncias de compra de votos para evitar su destitución por hechos de corrupción.

“El fujimorismo saldrá con todo a contra atacar las propuestas y será muy importante que se mantengan las voces de la ciudadanía exigiendo en las calles la erradicación de todos los corruptos”, afirmó Javier Torres, antropólogo y director de Noticias Ser.

“Siento asco e indignación ante el comportamiento de jueces que en vez de velar por los derechos y el cumplimiento de las leyes solo actúan movidos por el dinero. ¿Tiene precio la integridad de una niña?”: Mariana Chirinos.

En su mensaje a la nación el 28 de julio en el legislativo Congreso de la República, el presidente propuso un paquete de proyectos de ley sugeridos por la Comisión de Reforma de Justicia que el mismo impulsó hace pocas semanas.

Esa iniciativa fue una respuesta a la difusión de audios que develaron la profunda corrupción en las instituciones encargadas del nombramiento de jueces y fiscales, y de magistrados en cargos de poder en el puerto del Callao, en la ciudad del mismo nombre, vecina a Lima.

“El sistema judicial no puede ser instrumento al servicio de poderes oscuros. La ciudadanía demanda cambios y es mi responsabilidad histórica generarlos. No podemos mirar a otro lado mientras el pueblo expresa su descontento”, dijo el mandatario.

“Estoy con todos aquellos que quieren erradicar la corrupción”, dijo ante el silencio de la opositora bancada del derechista y fujimorista partido Fuerza Popular, mayoría en el unicameral Poder Legislativo, en contraste con los aplausos de las demás fuerzas políticas.

Fuerza Popular es encabezado por Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, quien gobernó el país bajo regimen autoritario entre 1990 y 2000, creando un sistema de corrupción que ha heredado la nueva cabeza del llamado fujimorismo.

El partido estuvo detrás de la salida de Kuczynski quien ganó a la lideresa fujimorista en las elecciones de 2016, después que también fracasó en su intento de llegar al poder en 2011.

Entre los anuncios de Vizcarra está modificar el procedimiento de conformación del Consejo Nacional de la Magistratura y de la Corte Suprema, de la elección de jueces, evaluación de magistrados y la inhabilitación perpetua de jueces y abogados sentenciados por corrupción.

Las medidas serán llevadas a referéndum, que también consultará sobre tres reformas políticas: reelección de legisladores, financiamiento privado de los partidos políticos y retorno al sistema legislativo bicameral. Su concreción depende ahora del Congreso.

“El fujimorismo hará todo lo posible por bloquear al referéndum”, sostuvo Torres.

“El presidente acierta al plantearlo para dar transparencia al proceso, pues a puerta cerrada no habría legitimidad en la reforma. La gente ya no cree en las comisiones. Y el mensaje del mandatario es claro: tengo que hacerlo consultando a la ciudadanía”, puntualizó.

Cambiar la justicia para reducir la corrupción, el desafío de Perú

Durante las marchas generales contra la corrupción en Perú o en aquellas a favor de los derechos de las mujeres, los colectivos feministas participan en demanda y no impunidad ante la violencia de género, como en esta manifestación en fechas recientes por el centro de Lima. Crédito: Mariela Jara/IPS

Peruanas y peruanos están manifestándose desde hace varias semanas en la capital y otras ciudades del país exigiendo la erradicación de la corrupción en las instituciones del Estado, especialmente judiciales, a raíz de los audios legales aludidos por Vizcarra y divulgados a inicios del julio por la prensa de investigación.

Estos revelaron tráfico de influencias para copar instancias claves en el sistema de justicia y sistema electoral en el que están comprometidas figuras del fujimorismo como el congresista (diputado) Héctor Becerril y Antonio Camayo, uno de los financistas de la última campaña presidencial de Keiko Fujimori.

Camayo fue detenido la madrugada del domingo 29 al ser sindicado como parte de una organización delictiva liderada por el también encarcelado expresidente de la Corte Superior del Callao, Wálter Ríos, cabeza de la red de corrupción en esa jurisdicción.

Las grabaciones también mostraron cómo el hoy suspendido juez supremo César Hinostroza negociaba la rebaja de pena del violador de una niña en “un trato deshumanizante”, tal como señala Jeannete Llaja, abogada feminista con especialización en derechos humanos, derecho constitucional y género.

“Ese audio evidencia la relación entre corrupción y género y conecta dos indignaciones que laten en la sociedad: así como hay marchas contra la corrupción, en los últimos años se han sostenido acciones públicas ante a la impunidad frente a las violencias hacia las mujeres”, manifestó.

Según la no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir, alrededor de 11.000 niñas de entre nueve y 14 años se hicieron madres producto de una violación sexual en el periodo 2011 – 2016, lo que da cuenta de la magnitud de la impunidad en estos casos.

Esa impunidad provoca, además, la ausencia de denuncias debido a la desconfianza en el sistema de justicia, o por fallos como el del juez Hinostroza.

Tal realidad ha inspirado consignas como “poder judicial, vergüenza nacional”, “basta de impunidad, justicia para todas” que levantan las mujeres y que fueron de las más coreadas en las recientes marchas ciudadanas contra la corrupción del 19 y 26 de julio.

Estas nuevas protestas respondieron a la confirmación de las sospechas de que muchas sentencias exculpatorias o benévolas a agresores tienen origen no solo machista sino ilícito.

Aun así, una reflexión en ese sentido estuvo ausente en el discurso presidencial.

“El presidente no ha cruzado el tema de corrupción con violencia de género pese a su impacto directo en la vida de las mujeres, pero ante las propuestas anunciadas es necesario tener una mirada integral que contemple el enfoque de género, incluyendo las preguntas del referéndum”, expresó Llaja.

Explicó que de esa forma se contribuirá a que jueces y fiscales, y sus órganos de formación y control, acrediten un desempeño ético y libre de estereotipos de género, lo que evitará conductas y decisiones machistas que revictimizan y niegan el acceso a justicia a las mujeres violentadas.

“Para ello se requiere de la vigilancia ciudadana por un lado y de partidas presupuestales que permitan dar viabilidad a las medidas planteadas, de lo contrario no se avanzará”, remarcó la abogada.

En junio de este año el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, informó que carecían de recursos económicos para cumplir con la norma de prevención, atención y sanción de la violencia de género.

A las condiciones señaladas por Llaja para avanzar en la concreción de las propuestas para reformar el sistema de justicia en forma integral, el analista Torres añadió la urgencia de que el gobierno mantenga claridad en la ejecución política de la reforma para evitar debilidades o retrocesos en el horizonte próximo.

También es perentorio mantener la diversidad de voces de colectivos y organizaciones sociales en las calles -que con el mensaje del presidente están legitimadas-, pues de lo contrario se puede asistir al reacomodo de los personajes corruptos y a un triunfo electoral de estos en el 2021.

Jóvenes de las universidades son parte activa en estas luchas cívicas y forman parte de los contingentes más numerosos en las movilizaciones. Mariana Chirinos, estudiante de tercer año de Administración de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, manifestó su indignación ante el actual momento crítico.

“Siento asco e indignación ante el comportamiento de jueces que en vez de velar por los derechos y el cumplimiento de las leyes solo actúan movidos por el dinero. ¿Tiene precio la integridad de una niña?”, se preguntó.

Este malestar es generalizado. Una reciente encuesta indica que 88 por ciento de la población reprueba al Poder Judicial y 81 por ciento la Fiscalía de la Nación. Lejos de ser vistas como pilares del Estado de derecho, estas instituciones están completamente desacreditadas.

Para la joven universitaria solo la fuerza de las calles podrá seguir empujando al presidente Vizcarra a cumplir lo ofrecido. “Los políticos no siempre dicen la verdad, muchas veces mienten, pero el pueblo tiene el poder de impulsar los cambios que necesitamos”, dijo.

Edición: Estrella Gutiérrez


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