Bolivia: el golpe de estado

Pablo Stefanoni Fernando Molina

Bolivia: el golpe de estado

Bolivia y la contrarrevolución
¿Cómo derrocaron a Evo?

Pablo Stefanoni

El gobierno de Evo Morales fue una revolución política antielitista. La situación actual no estaba en el horizonte de nadie y habla de un movimiento contrarrevolucionario. El líder visible es Luis Fernando Camacho, un empresario de 40 años que no participó en el proceso electoral y llegó al Palacio Quemado con una biblia y una escolta policial. Mientras festejaba en La Paz el derrocamiento del presidente, en la calle quemaban Whipalas y gritaban “echamos al comunismo”.

Empecemos por el final (o por el final provisorio de esta historia): el domingo en las últimas horas de la noche, el líder cruceño Luis Fernando Camacho desfiló arriba de un carro policial por las calles de La Paz, escoltado por policías amotinados y vivado por sectores de la población opositores a Evo Morales. Se escenificaba así una contrarrevolución cívica-policial que sacó del poder al presidente boliviano. Morales se parapetó en su territorio, la región cocalera de El Chapare que lo vio nacer a la vida política y donde se refugió de los riesgos revanchistas. Es una parábola –al menos transitoria– en su vida política. De este modo, lo que comenzó como un movimiento en demanda de una segunda vuelta electoral tras la polémica y confusa elección del 20 de octubre terminó con el jefe de las Fuerzas Armadas “sugiriendo” la renuncia del presidente.

Una sublevación contra Evo Morales no estaba en el horizonte de nadie. Pero en tres semanas, la oposición se movilizó con más firmeza que las bases “evistas”, que tras casi 14 años en el poder fueron perdiendo potencia movilizadora mientras el Estado iba reemplazando a las organizaciones sociales como fuente de poder y burocratizando el apoyo al “proceso de cambio”. Y en pocas horas, lo que fue el gobierno más fuerte del siglo XX en Bolivia pareció desmoronarse (hay varios ex funcionarios refugiados en embajadas). Ministros renunciaron denunciando que sus casas eran quemadas y los opositores mostraban a los tres muertos de los enfrentamientos entre grupos civiles como prenda de indignación frente a lo que llaman la “dictadura”. Finalmente, el domingo Evo Morales y Álvaro García Linera renunciaron y denunciaron un golpe en marcha.

El Movimiento al Socialismo (MAS), formado en los años 90, fue siempre un partido profundamente campesino –más que indígena– y eso se trasladó en muchos sentidos al gobierno de Evo Morales. El apoyo urbano fue siempre condicionado –en 2005 una apuesta a un nuevo liderazgo “indígena” frente a la profunda crisis que vivía en país; luego porque Evo mantuvo muy buena performance económica–, pero los intentos de Morales de permanecer en la presidencia –sumado a sustratos racistas de vieja data y la sensación de exclusión del poder– alentaron a las clases medias urbanas a salir a la calle contra Morales. Objetivamente hablando, el llamado “proceso de cambio” no favoreció a la clase media tradicional ni al estamento “blancoide” –como se suele denominar a los “blancos” en Bolivia–, y, en cambio, les quitó poder. La de Morales fue revolución política antielitista. Por esto chocó contra las élites políticas anteriores y las sustituyó por otras, más plebeyas e indígenas. Este hecho desvalorizó hasta hacer desaparecer el capital simbólico y educativo con que contaba la “clase burocrática” que existía antes del MAS. Entretanto, sus victorias electorales con más del 60 por ciento le permitieron copar todo el poder el Estado.

Morales pareció sellar una victoria de la política sobre la técnica. Si el neoliberalismo creía en el derecho de los “más capaces” a imponer sus visiones al conjunto, el “proceso de cambio” creía en el derecho de la Bolivia popular de imponerse sobre los “más capaces”. Para actuar recurrió a la política (igualitarismo) y al reparto corporativo de cargos entre diversos movimientos sociales antes que a la técnica (elitismo). Por esta razón no llenó de manera meritocrática las vacantes dejadas por el repliegue de la burocracia neoliberal. Y tampoco recurrió sistemática y ampliamente a las universidades para proveerse de un capital cultural que, en cambio, consideraba prescindible. Esto agrió a la clase media, especialmente a su segmento académico-profesional, cuya expectativa máxima era lograr un claro reconocimiento social y económico de los saberes que posee.

Y finalmente, el MAS fue crecientemente estatista. El enfoque siempre estatista con que el gobierno abordaba los problemas y necesidades que iban surgiendo en el país lo llevó a ignorar y a menudo a chocar con los pequeños emprendimientos privados, esto es, con los emprendimientos de la clase media. Por esta razón había roces entre el “proceso de cambio” y los sectores emprendedores no indígenas y no corporativos (los que sí se beneficiaban de los aspectos políticos del cambio e indignaban a los “clasemedieros”). Es cierto que existía un pacto de no agresión y de apoyo táctico entre el “proceso de cambio” y la alta burguesía o clase alta, pero este se fundada en razones políticas antes que empresariales o económicas.

Por otra parte, varias medidas adoptadas por Evo Morales desestabilizaron la dotación de capitales étnicos, perjudicando a los blancos: si bien no hizo una reforma agraria, benefició a los pobres con la dotación de tierras fiscales; hubo una redistribución del capital económico –mediante infraestructuras y políticas sociales– en favor de sectores más cholos y populares; la política educativa implementada por el gobierno mejoró la dotación de capital simbólico a los indígenas y los mestizos, mediante la revaloración de su historia y su cultura pero, al mismo tiempo, el gobierno hizo muy poco para elevar el nivel de la educación pública y, por tanto, para arrebatar el actual monopolio blanco de la educación (privada) de alta calidad. Así, las élites anteriores perdieron espacios en el Estado, vieron debilitados de sus capitales simbólicos y sus vías de influencia en el poder. En síntesis: el Club de Golf perdió cualquier relevancia como espacio de reproducción de poder y estatus.

Diversas encuestas ya mostraban la desconfianza de los sectores medios respecto al presidente. No por la gestión, que aprobaban, sino por la duración del dominio de la élite que Evo dirigía. Tal era la cuestión que importaba a la clase media, una cuestión que la persistencia en la meta reeleccionista de Morales hicieron imposible de resolver, precipitando a la clase media a la sedición. Y a esto se sumó que el “proceso de cambio” no debilitó los microdespotismos presentes en toda la estructura estatal boliviana. El uso de los empleados públicos en las campañas electorales y, más en general, en la política partidaria del MAS debilitó el pluralismo ideológico entre los funcionarios incluso de menor rango.

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Bolivia es un país casi genéticamente antirreeleccionista: ni Víctor Paz Estenssoro, conductor de la Revolución Nacional de 1952, logró dos periodos consecutivos. En parte esta tendencia parece una suerte de reflejo republicano desde abajo y en parte la necesidad de una mayor rotación del personal político. Y cuando alguien no se va limita el acceso de los “aspirantes”. Todos los partidos populares que llegan al poder tienen el mismo problema: hay más militantes que cargos para repartir. El Estado es débil pero es una de las pocas vías de ascenso social.

Bolivia es también el paraíso de la lógica de las equivalencias de Laclau: apenas la situación se sale del carril y se ve débil al Estado todos se suman con sus demandas, indignaciones y frustraciones, que son siempre muchas dado que es un país pobre y con muchas carencias. Así también fue esta vez. Los motines policiales expresan enconos de viejo cuño de sectores bajos con los mandos más altos, por temas de desigualdad económica y abusos de poder entre las “clases”: sucedió en 2003, en el motín de 2012 y en el del fin de semana pasado. Potosí, enfrentado con Evo desde hace años por sentir que desde la Colonia sus riquezas –ahora el litio– se esfuman y ellos siguen siendo siempre pobres, también se sumó a la rebelión. Y lo mismo pasó con sectores disidentes de todas las organizaciones sociales (cocaleros Yungas, ponchos rojos, mineros, transportistas). Esto se suma a una cultura corporativa que hace que las demandas de región o sector pesen más que las posiciones más universalistas, lo que habilita posibles alianzas inesperadas: en esta última asonada se aliaron Potosí y Santa Cruz, impensable durante las crisis de 2008, cuando Potosí fue un bastión “evista”.

Luego de varios años de impotencia política y electoral de la oposición tradicional –los viejos políticos como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina o el propio Carlos Mesa– aparece un “liderazgo carismático” nuevo: el de Fernando Camacho. Este personaje desconocido hasta hace pocas semanas fuera de Santa Cruz se proyectó primero ocupando un vacío en la dirigencia cruceña, que desde su derrota frente a Evo en 2008 había pactado cierta pax. Aupado en una nueva fase de radicalización juvenil el “macho Camacho”, un empresario de 40 años, se erigió como líder del Comité Cívico de la región que agrupa a las fuerzas vivas con hegemonía empresaria y defiende los intereses regionalistas. Y más recientemente, frente a la debilidad de la oposición, Camacho esgrimió una mezcla de Biblia y “pelotas” para enfrentar “al dictador”. Primero escribió una carta de renuncia “para que Evo la firme”; luego fue a llevarla a La Paz y fue repelido por las movilizaciones oficialistas; pero volvió al día siguiente para finalmente entrar el domingo a un desierto Palacio Quemado –el viejo edificio del poder hoy trasladado a la Casa Grande del Pueblo– con su Biblia y su carta; allí se arrodilló en el piso para que “Dios vuelva al Palacio”.

Camacho selló pactos con “ponchos rojos” aymaras disidentes, se fotografió con cholas y cocaleros anti-Evo y juró no ser racista y diferenciarse de la imagen de una Santa Cruz blanca y separatista (“Los cruceños somos blancos y hablamos inglés”, había dicho alguna vez una Miss). Y, en una productiva estrategia, Camacho se alió con Marco Pumari, el presidente del Comité Cívico de Potosí, un hijo de minero que venía liderando la lucha en esa región contra el “ninguneo de Evo”. Así, el líder emergente e histriónico terminó siendo el artífice de la revuelta cívica-policial. Para ello desplazó al ex presidente Carlos Mesa, segundo en las elecciones del 20 de octubre, quien al ritmo de la aceleración de los acontecimientos se radicalizó sin convicción ni grandes chances de ser aceptado en el club más conservador por ser considerado un “tibio”.

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René Zavaleta decía que Bolivia era la Francia de Sudamérica: allí la política se daba en su sentido clásico, es decir, como revolución y contrarrevolución. Pero el país vivió más de una década de estabilidad, un periodo que puso en duda la vigencia del pensamiento de Zavaleta. En 2008 Evo Morales resolvió su pulso con las viejas élites neoliberales y regionalistas que se habían opuesto a su asunción al poder y comenzó su ciclo hegemónico: una década de crecimiento económico, de confianza del público en su porvenir, de aprobación mayoritaria de la gestión gubernamental; un mercado interno con grandes inversiones financiadas a partir de ingresos extraordinarios en un tiempo de altos precios de las exportaciones; y una mejora en el bienestar social.

Pero la rebelión volvió y se articuló con un movimiento conservador y contrarrevolucionario. A diferencia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, Evo Morales no sacó al ejército a la calle. Movilizó a los militantes del MAS, al tiempo que se expandió a través de las redes sociales y los medios la imagen de las “hordas masistas” –ya no se puede decir campesinas o indígenas–. El informe de la OEA sobre el resultado electoral, alertando sobre alteraciones, minó la autoconfianza del oficialismo: perdió la calle y las redes al mismo tiempo. Esta auditoría, que podría haber pacificado la situación, fue rechazada por la oposición, que consideraba a Luis Almagro un aliado de Evo Morales por haber avalado su repostulación. La organización acaba de pronunciarse para rechazar “cualquier salida inconstitucional a la situación”.

Una de las razones del insurreccionalismo es el caudillismo, esto es, la ausencia de instituciones políticas consolidadas. No existe más que una lógica inmediatista, de “suma cero”: se gana o se pierde todo, pero nunca se busca acumular victorias y derrotas parciales con la vista puesta en el futuro. Evo Morales no superó esa cultura y por eso buscó seguir en su cargo: pero la oposición hasta ahora tampoco y emerge con otro “caudillo” de derecha como Camacho. No sabemos qué futuro político le aguarda pero ya cumplió una “misión histórica”: que las ciudades acaben con la excepción histórica de un gobierno campesino en el país. No casualmente tras el derrocamiento de Evo se quemaron Whipalas, bandera indígena transformada en una segunda bandera nacional bajo el gobierno del MAS. Y adicionalmente, sacar al nacionalismo de izquierda del poder: “echamos al comunismo”, repetían los movilizados en las calles, algunos con Cristos y Biblias.

Bolivia no es solo el país de las insurrecciones, sino también de las refundaciones. Solo la idea de una “refundación” permite cohesionar las fuerzas que requieren las salidas insurreccionales y anular la influencia social y política de quienes perdieron. Por otro lado, una “refundación”, y la “destrucción creativa” de instituciones estatales y políticas que le es consustancial, permiten una movilización de promesas y prebendas con la dimensión que los nuevos ganadores requieren para “ocupar” (aprovechar) verdaderamente el poder. Pero la paradoja es que el país cambia poco en cada refundación. Sobre todo en términos de cultura política.

Ahora el péndulo quedó del lado conservador, veremos si la fragmentada oposición a Evo Morales logra estructurar un nuevo bloque de poder. Pero las heridas étnicas y sociales del derrocamiento de Evo serán perdurables.

Bolivia, país de insurrecciones

Fernando Molina

Nadie hubiera podido creerlo unos meses antes de que sucediera. Una sublevación popular en Bolivia no estaba en los cálculos de ninguno, pese a la fama de levantiscos que tenemos los bolivianos. Nuestro sociólogo más reputado, René Zavaleta, decía que Bolivia era la Francia de Sudamérica, porque aquí la política se daba en su sentido clásico, es decir, como revolución y contrarrevolución. Pero hace meses estábamos viviendo un periodo que parecía haber hecho perder vigencia al pensamiento de Zavaleta, pese a que este fuera, durante el mismo, el intelectual semioficial del Estado. Estábamos al final de una década de plena estabilidad, que había comenzado en 2008, cuando el presidente Evo Morales resolvió su pulso con las viejas élites neoliberales y regionalistas que se habían opuesto a su asunción al poder, y comenzó su ciclo hegemónico. Una década de crecimiento económico, de confianza del público en su porvenir, de aprobación mayoritaria de la gestión gubernamental, que canalizó al mercado interno grandes inversiones, financiadas con los ingresos extraordinarios del país en un tiempo de altos precios de sus exportaciones, y que mejoró el bienestar social.

Entonces podía señalarse, y en efecto así se hizo, que Morales iba perdiendo la hegemonía de la que había gozado, que su deseo de seguir gobernando, al romper un acuerdo tácito de la tradición política nacional (la “no reelección”), lo había hecho antipático para la clase media tradicional, es decir, la clase que, coincidentemente, había que contar como la principal perdedora del proceso político que dirigía el “primer Presidente indígena” del país. Pero registrar el antagonismo entre el “gobierno de los movimientos sociales” y la clase media tradicional, que es blanca, educada y urbana, era una cosa, y otra adivinar que esta llegaría a insubordinarse de la manera en que lo hizo, arrastrando en su protesta a varios sectores populares, arrinconando al oficialismo en sus diferentes sectores, no solo ejecutivos sino también políticos, poniendo sobre la mesa la cuestión del poder (es decir, justamente, haciendo política en su sentido clásico).

Nadie pronunció este último presagio. Igual que los pánicos financieros, las insurrecciones no resultan fáciles de prever…

El motivo inicial de la acción popular fue el supuesto fraude cometido por el Tribunal Electoral a favor de Morales, a fin de evitarle a este una segunda vuelta contra el candidato opositor Carlos Mesa; pronto, los objetivos del movimiento trascendieron la cuestión electoral en sí misma y se extendieron a un asunto álgido: la renuncia del Presidente, la caída del gobierno. De ser específicos e institucionales, se convirtieron en políticos, dándole a toda la movilización un carácter sedicioso o “revolucionario”.

En la historia boliviana, el extremar de esta manera las luchas sociales más importantes no es una excepción, sino una tendencia. El propio gobierno de Morales fue el resultado de dos procesos parecidos, la insurrección de octubre 2003, que derrocó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y la insurrección de junio de 2005, que derrocó al presidente Carlos Mesa. Ambas crearon las condiciones para que Morales, asumiendo la representación del “cambio” respecto de los presidentes caídos, que eran los últimos representantes del periodo neoliberal, iniciara un nuevo ciclo político. Fueron, eso sí, insurrecciones de un contenido social exactamente opuesto al que ha tenido la actual: fueron rebeliones de los indígenas y los sectores populares en contra de las élites de entonces –blancas o que se consideraban y eran consideradas como tales–, las cuales, hoy, parecen estar a punto de recuperar su vieja posición social.

También son simétricas las actitudes de los gobiernos de Sánchez de Lozada y Mesa, y de Evo Morales, frente a los levantamientos que los afectaban: no reconocerlos como expresiones auténticas del sentir popular, que buscaba defenestrarlos, y en cambio considerarlos “golpes de Estado” o el resultado de conspiraciones de fuerzas oscuras y clandestinas. En cambio, las respuestas prácticas fueron distintas: la de los presidentes neoliberales, recurrir al Ejército, que en esta ocasión, en cambio, se ha mostrado reacio a participar. La de Evo Morales, acudir a una suerte de “milicias” populares constituidas por los movimientos sociales. (¿Serán estas más eficientes en su tarea defensiva que los uniformados en el pasado? No lo sabemos, pero, para nuestros propósitos aquí, interesa que la insurrección exista, no si llega a triunfar o no…).

¿Por qué esta necesidad/posibilidad de insurreccionarse en contra de un gobierno, como única vía de transición entre un ciclo que muere y otro que comienza a existir? ¿Sobre qué bases se sostiene esta conflictividad recurrente, que no sustituye los mecanismos electorales, pero tampoco los deja actuar solos?

Una de las razones es la existencia, en Bolivia, de unas muy activas “minorías eficientes”, es decir, de grupos corporativos de larga trayectoria y una amplia extensión social, que, actuando en las calles, pueden llegar a adquirir una enorme agencia política. Cierto que los más importantes a lo largo de la historia han sido los grupos corporativos populares y de izquierda, pero estas últimas “jornadas”, como se llama a los días en los que “cambia la historia” por la irrupción vigorosa de las masas, han demostrado que la clase media también puede expresarse en los códigos del lenguaje corporativo, organizándose detrás de los “comités cívicos”, instituciones del pasado, generalmente derechistas, que ya estaban muy debilitadas y desdibujadas, pero que se transformaron y agrandaron al convertirse en portadores de la furia y la acción clasemediera.

Una segunda razón del insurreccionalismo es el caudillismo, esto es, la ausencia de instituciones políticas consolidadas. Normalmente estas son sustituidas por redes de relaciones interpersonales tejidas en torno a personalidades carismáticas. Entonces, si el caudillo llega a perder el poder, todo se pierde con él; al mismo tiempo, a nadie le interesa precautelar las posibilidades del movimiento político, por encima y más allá de los dirigentes de turno. No existe más que una lógica inmediatista, de “suma cero”: o todo se gana o se pierde todo, pero nunca se busca acumular victorias y derrotas parciales con la vista puesta en el futuro. Los caudillos razonan así: “Después de mí, el diluvio”. Y entonces no pueden marcharse más que por la fuerza. A la vez, la revolución implica la sustitución de un caudillo por otro, y entonces, como dice el escritor Pablo Stefanoni, no producen cambios serios en el Estado ni ampliaciones serias de la democracia, sino que son revoluciones estrechamente políticas, que se limitan a cambiar unas élites por otras.

Una tercera razón por la que no se dan transiciones suaves o fáciles en Bolivia es la necesidad de cada etapa de anular la anterior y “refundar el país”. Una necesidad que responde a dos lógicas, una ideológica y otra material o práctica. Por un lado, solo la idea de una “refundación” permite cohesionar las fuerzas que requieren las salidas insurreccionales y anular la influencia social y política del caudillo precedente, del caudillo caído. Por otro lado, una “refundación”, y la “destrucción creativa” de instituciones estatales y políticas que le es consustancial, permiten una movilización de promesas y prebendas con la dimensión que los nuevos ganadores requieren para “ocupar” (aprovechar) verdaderamente el poder.

Así se produce un fenómeno paradójico. La existencia de una “refundación” tras otra, sin que ninguna de ellas sea en sí misma otra cosa que centrista y gradualista (por lo ya anotado por Stefanoni), imposibilita en cambio el surgimiento de una corriente que se caracterice por una actitud centrista y gradualista.

Finalmente, el revolucionarismo boliviano, y la sucesión de etapas, unas antagónicas a las otras, que se suceden a lo largo de la historia con un movimiento de péndulo, se origina en la obsesión de una sociedad pobre y con pocas vías de movilidad social por la política, como principal medio de ascenso personal, medio de enclasamiento en segmentos de clase más altos y única forma de hacer interesante la vida, de encontrar la gloria y el reconocimiento general. No es casual que tantos bolivianos notables por su apellido, su fortuna o sus logros fuera de la política los arriesguen para obtener un puesto preminente como conductores de sus conciudadanos, pagando por ello el precio del exilio, la necesidad de huir e incluso la muerte. Y no estoy hablando de un pasado remoto…

Si en Bolivia la política es, a la manera griega, la principal preocupación colectiva, a menudo se convierte, como entre los griegos, en guerra. Fue Clausewitz quien hizo esta célebre definición de la política como la guerra por otros medios. Una definición que corresponde con un país, lo hemos dicho, políticamente clásico. Esta guerra política comenzó hace mucho tiempo, se fundó en las características disociadoras de nuestro nacimiento como república independiente, las cuales asignaron a los blancos, descendientes de españoles, la condición de “señores”, y a los indios y cholos la condición de “subalternos”, despojados de ciudadanía y necesitados de reconocimiento. Ambas parcialidades se han ido fundiendo en una nación común, pero no del todo ensamblada ni solidificada; una nación dominada por sus traumas, aunque no sea del todo consciente de ellos ni de que se traducen en su crónico enfrentamiento interno.

Como es lógico, las revoluciones populares y señoriales intentan conjurar estos traumas, pero muchas veces solo contribuyen a profundizarlos.

La Paz

Fuente: https://brujuladigital.net/opinion/bolivia-pais-de-insurrecciones

Pablo Stefanoni Jefe de redacción de Nueva Sociedad
Fernando Molina es periodista y escritor

Fuente: sinpermiso.info


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