Aspirantes a un cargo público deberían financiarse su campaña

El Sereno

Álvaro Campos Solís
campos.solis.alvaro@gmail.com

Alvaro Campos

Todo ciudadano que aspire la Presidencia de la República, vice presidentes o a una diputación debería de tocarse el bolsillo y no esperar a que el estado, en medio de semejante crisis fiscal, tenga que financiarle su campaña. El pueblo de Costa Rica no está para satisfacer caprichos, vanidades y ambiciones de individuos que del sombrero se sacan las soluciones a los grandes problemas nacionales, aunque sea de mentiras. La cobija tampoco alcanza para financiar a partidos tradicionales o emergentes, cuyo aporte al bienestar del país es muy discutible. Algunos de ellos medran a la sombra de la obra de sus líderes históricos. Otros son modernos filibusteros. Todos, sin excepción, devengan jugosos salarios y le dan cobijo a un ejército de asesores.

Tampoco es justo ni inteligente, por parte del Poder Ejecutivo, de imponerle nuevos impuestos al pueblo para honrar compromisos financieros, mientras el Estado, a través del Tribunal Supremo de Elecciones, dispondría de una suma que rondará los treinta mil millones de colones (30.000.000.000) para el financiamiento de la campana electoral que habrá de culminar el 06 de febrero del 2022 o el 3 de abril si hay segunda ronda. Ese monto contempla un ligero aumento con respecto a los 25 mil millones de colones de la campana electoral del 2018, según datos oficiales.

Esa es apenas una muestra de los gastos multimillonarios en que incurre el Tribunal Supremo de Elecciones, encargado de organizar y vigilar las justas electorales cada dos años. Su presupuesto alcanza cifras astronómicas que garantizan la estabilidad de una frondosa y bien pagada burocracia.

La derogatoria de la norma constitucional y las leyes que garantizan el pago de la deuda política es difícil y compleja, ya que toca privilegios de sectores muy poderosos. Pero nada está escrito en piedra. A lo largo de la historia sus residentes han visto, entre muchas cosas, hasta caer imperios. Los imperios se relevan.

En cuanto a la crisis financiera, en ese esfuerzo por obtener dinero que le permita honrar sus compromisos, el Poder Ejecutivo viaja solo. Los partidos políticos que se preparan de cara a las próximas elecciones no le van a dar el voto a nuevos impuestos. Sería su propio suicidio político. La gente con ingresos modestos tampoco está dispuesta a seguir sacrificándose. La realidad es que mucha gente percibe ingresos que apenas alcanzan para comer, dejando al descubierto salud y educación para sus hijos, además necesidades tan apremiantes como el esparcimiento.

En esas condiciones tendrá que sentarse a negociar con la gente del FMI, Banco Mundial y cuanto organismo financiero internacional se considere con derecho a meter sus narices en nuestra realidad económica y social. Al final, son ellos los que deciden lo que hay que hacer, llevándose entre las patas independencia y dignidad de un país. Las protestas de políticos y sindicalistas se convierten en pataleos de ahogado.

También se convierten en letra muerta las sugerencias de políticos versados en economía que recomiendan la venta de instituciones del Estado, como el INS y el Banco de Costa Rica. Joyas de la abuela.

Con ese panorama socio económico de fondo, resulta injusto que el Estado ayude a cada candidato a culminar con éxito sus aspiraciones de alcanzar la silla presidencial, una curul legislativa o un escaño en cualquiera de las 82 municipalidades. La ley contempla, incluso, adelantarles hasta un 15 por ciento de la contribución estatal. A pesar de tanta generosidad, la dirigencia de partidos políticos acude a los bancos privados para cambiar bonos de la deuda política por dinero en efectivo. Lo cual significa que también los bancos se llevan una tajada de la contribución estatal que financia las campañas electorales, ya sean nacionales o municipales. Actúan como si la bonanza económica fuera desbordante.

Los defensores del sistema alegan que el sistema fue diseñado para una mayor participación de aspirantes, incluso en beneficio de la gente de a pie, y de esa manera contribuir con el fortalecimiento de la democracia. Afirman que las elecciones presidenciales constituyen una “fiesta democrática”.

Sin embargo, creo que de fiesta no tiene nada y mucho menos de democrática. Esta afirmación tiene su fundamento en el abstencionismo creciente y en las carreras del TSE para recuperar importantes sumas de dinero que algunos dirigentes y empleados de partidos político pretenden escamotearle al estado. El truco de las facturas de gastos fantasmas.

Además, para no gastar las palabras, como decía don José Figueres, o para no prostituir ese concepto, democracia tiene que ser sinónimo de justicia y la justicia cuando se aplica trae aparejado el concepto de compasión. Que el lector juzgue si en nuestro país hay justicia y compasión para enormes sectores de la población. Peor ahora que el país y el mundo entero son atacados por una pandemia que mata y empobrece.

Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa los diputados celebran el buen ambiente que hay entre la mayoría de ellos para reducir en “30 mil millones de colones” la ayuda estatal, así como acortar el tiempo de campaña. Poco apoco van a entender que el pueblo no puede seguir cargando ese pesado fardo que convierte a 57 ciudadanos en diputados, un presidente y dos vicepresidentes. La opción real es que cada aspirante se toque el bolsillo y ponga en evidencia su generosidad…aunque sea consigo mismo.

Cuando apareció la pandemia del covid 19 y con ella los primeros muertos por contagios en la República Popular China, y que rápidamente se extendió por todo el planeta, mucha gente adelantó que, a partir de ese momento, el mundo sería diferente. Ahora que el virus hace estragos matando a casi un millón de personas en todo el mundo y aumentando de manera exponencial el número de pobres, muchas personas quieren que nada cambie y que todo vuelva a ser como antes del primer brote. Sin embargo, la realidad es terca. El virus continuará matando gente y concentrando la riqueza en un reducido número de empresarios, esta afirmación está confirmada por la Organización Mundial de la Salud y los mismos organismos financieros, respectivamente.

La situación que hoy vive nuestro país y que podría ampliarse en los próximos cinco o diez años ha convertido en frases comunes como “la cosa esta jodida” o “esto está que arde”, en alusión a la falta de trabajo, de oportunidades y el alto costo de la vida. En numerosos hogares la refrigeradora está vacía, mientras los discos de las cocinas se van cubriendo de telarañas.

No me gustan los agoreros, esa gente que predice males y desgracias. ¿Pero qué pasaría en nuestro país si en algún momento el Estado no pudiera pagar la planilla de los empleados públicos?

El mayor problema es que no aparece un líder con un proyecto-país que de alguna manera reproduzca lo que hizo el pueblo estadounidense, luego de la Gran Depresión, o la reacción de Alemania que, tras haber quedado en ruinas, al concluir la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una nación líder y de primer mundo. Ambas naciones encontraron en el trabajo la solución a sus graves problemas.

Lo ideal sería que pueblo y gobierno asuman una actitud consecuente con la realidad, lo cual implica que las autoridades sean selectivas a la hora de promover la inversión extranjera. Poco o nada resolvemos con el uso de grandes extensiones de tierra para el cultivo de piña, naranja y banano. Ese tipo de empresas le dan trabajo a un puñado de peones, mientras que las utilidades vuelan a la metrópoli. El país no está para seguir haciendo ensaladas de frutas. El cultivo de postres esteriliza al Hombre y a la Tierra.

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