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Fernando Berrocal

Fernando Berrocal Soto

Ciertamente, la crisis que estamos viviendo representa un tsunami más fuerte y de más profundas implicaciones económicas y sociales que el gran maremoto que enfrentó Luis Alberto Monge, en su gobierno, respaldado por un Partido Liberación Nacional (PLN) entonces de definida y firme ideología progresista, reformista y social democrática. Lo afirma un testigo de excepción.

Hay variables muy distintas, pero sí hay que decir abiertamente que aquel gobierno actuó diferente al actual, en su relación de diálogo abierto y constructivo con la prensa, la sociedad civil organizada y los partidos políticos. Aquel gobierno sí entendió que era una crisis integral y estructural y no solo una crisis limitada a lo fiscal y la total ausencia de divisas en el Banco Central.

Desde hace meses, este gobierno y Mideplan se comprometieron a presentar una hoja de ruta y un proyecto de Reforma del Estado. No lo han hecho y no lo pueden hacer, por tres razones:

1.- Porque un proyecto de tal envergadura, que significa reinventar una vez más el Estado Costarricense, involucra un amplio diálogo nacional y este gobierno es sordo y no cree ni practica el diálogo con los sectores organizados.

2.- Porque el enfoque actual es restrictivo a lo fiscal y económico y la reforma que necesitamos es integral, estructural e involucra ajustes y reformas que son de naturaleza constitucional, legal, administrativa, institucional y funcional del Estado Costarricense y sus relaciones con el sector privado productivo.

3.- Porque este gobierno, con suerte, podrá tan solo enfrentar la crisis de la pandemia de la salud y adoptar, bajo presión de los sectores económicos y sociales, medidas urgentes, necesarias y de emergencia para abrir gradual y racionalmente y medio revivir la economía privada y los servicios públicos.

A esto último debería dedicarse este gobierno. Este gobierno no da más que para lo urgente y para el hoy. Pedirle más y cambios estructurales es mucho.

El trabajo de fondo hacia el futuro tendrá que hacerse en la Asamblea Legislativa y, para ello, se ha integrado una Comisión Parlamentaria de Reforma del Estado y existe otra Comisión de Reformas Constitucionales.

Ambas deberían trabajar íntimamente relacionadas y abrirse a un intenso diálogo constructivo con los partidos políticos y con los sectores organizados de la sociedad civil, para presentar, en ocasión del Bicentenario de la Independencia Nacional, en setiembre del 2021, un amplio e integral plan para reinventar el Estado Costarricense, sus relaciones con el sector privado y ajustes estructurales al modelo de desarrollo que nuestro país sigue desde las importantes reformas que suscitó la crisis de los años 80 del siglo pasado.

El margen actual de maniobra es muy pequeño y, además, cuando hablamos de reformas estructurales hay dos corrientes de pensamiento en el país que, seguramente, estamos hablando de cosas distintas y ahí es en donde los costarricenses tendremos que tomar una decisión y esa decisión será política y de concepto sobre el país futuro que queremos para nuestros hijos y nietos.

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