Asalto fiscal con la ley de avales y garantías: ¡DIGAMOS NO!

Bernal Jiménez Chavarría

IPS

El Ministerio de Hacienda ha estado impulsando un proyecto de Ley para que el Estado traslade 180,000 millones (unos $300 millones o 0,5% del PIB) a un fondo para que se les devuelvan a los bancos públicos y privados las pérdidas de los préstamos que no sean pagados por sus respectivos deudores. Esto se tramita en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 22144. Los beneficiarios de dicho regalo estatal serán los bancos directamente, pues recibirán el pago de todas los prestamos no pagados por los clientes, personas o empresas, que NO paguen “que atraviesen dificultades de carácter temporal como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que enfrentan insuficiencia de garantías que limita sus posibilidades de financiamiento” (Art 2).

Esto significa que las pérdidas que se den para un Banco que se estime por algún criterio que están relacionadas con el COVID-19 les sean pagadas por todos los costarricenses. Cada costarricense debe aportar en promedio 36,000 colones para que los préstamos que a los bancos no les sean pagados, se les reintegren.

Repitamos con claridad: tenemos una crisis fiscal en que el Gobierno gasta mucho más de lo que recolecta en impuestos y estamos enfrentados a una situación en que tenemos que escoger si bajar el gasto o subir los impuestos y luego a quien subirlos. Tenemos una sociedad convulsionada, mucha gente sin trabajo y más de mil quinientas familias que han perdido alguno de sus miembros a manos del Covid-19. La propuesta es trasladar recursos del Estado para pagar las pérdidas que los bancos tengan por los préstamos que no se paguen a los clientes que “atraviesen dificultades de carácter temporal” en virtud del Covid-19. Quien no haya atravesado dificultades temporales en virtud del Covid debe haber vivido el 2020 en Marte. Queda entonces únicamente el requisito de “enfrentar insuficiencia en las garantías”. Es decir, el requisito que queda sería únicamente el de estar en problemas de tener una deuda mayor que las garantías que otorgó. Nótese además que este problema sería fundamentalmente del banco, que no tiene cómo cobrar.

Usemos los criterios de eficiencia y equidad, los únicos válidos en materia de gobierno.

Primero eficiencia: si los préstamos que se van a dar ya se dieron, y ya se determinó que los mismos no se van a pagar, esta situación no cambiaría la eficiencia de la sociedad. Los hechos económicos que se dieron ya son historia y el futuro de las decisiones económicas no se afecta. No hay efecto alguno sobre la eficiencia. Para el caso de los créditos nuevos, si al cliente no le alcanza la garantía, el fondo le daría aval por la diferencia y se la garantizaría al banco. Entonces el banco podría otorgar préstamos nuevos para los cuales claramente la garantía no alcanza, es decir le prestaría 100 a quien tiene solo 60 de garantía con la seguridad de que todos los costarricenses pagaremos lo que el cliente no pague. La consecuencia de seguro será que el banco va a prestar con mayor liberalidad, sin escoger con cuidado cuáles proyectos tienen garantías mejores, pues la diferencia siempre la va a cubrir el estado. Al mismo tiempo el cliente tiene incentivo para dar menos garantía, y disminuir consecuentemente su riesgo. La única condición relevante que se les impone es que mantengan al menos los mismos empleados que los que tenían en el momento de recibir el crédito durante todo su plazo. Como en este momento es el peor momento de empleo en años, este nivel será de seguro sumamente bajo. ¡La aspiración del proyecto sería mantener entonces que el desempleo no suba de más del 20% que se está dando en la actualidad!

Este proyecto provoca además lo que se llama en inglés “moral hazard”, traducido como riesgo moral, destruyendo a todas luces los incentivos para prevenir las pérdidas y aplicar la precaución, tanto a los clientes como a los banqueros.

Segundo equidad: lo que se afecta es la distribución del ingreso, pues se retiran 36,000 en promedio de la bolsa de cada costarricense y se transfieren a los bancos. ¿Quiénes serían los beneficiados de esta generosidad? Si son públicos, sería el propio gobierno, que a su vez es dueño de los bancos. Esto no tendría efecto alguno, pues el Estado es dueño de ambos lados de la transferencia, pero introduciría una ineficiencia innecesaria en el proceso. Sí en cambio se traslada a los bancos privados, la ganancia iría directo a la bolsa de los dueños de los bancos, la mayoría de ellos extranjeros. Esto explica el origen que debe tener este proyecto. Para los préstamos futuros existe una posibilidad de que los mismos sean beneficiosos para las empresas y algunas se expandan y formen más empleos, pero dudo que esto beneficie en al menos 36,000 colones a cada costarricense.

He visto ideas malas en mi vida de economista, aquí y en muchas latitudes. Este proyecto sin duda se encuentra dentro de las cinco peores de todos los tiempos. Es chapucero, mediocre, sin técnica alguna, tardío, pues estamos al principio del fin de la pandemia, y lo peor de todo, un asalto descarado y carente de ética, empatía humana y mucho menos respeto por la inteligencia y el sufrimiento de los costarricenses.

No tengo idea de que está pensando el Ministerio de Hacienda cuando envía a la Asamblea este despropósito de ley. Sin embargo, en las escogencias se conocen los valores de las acciones humanas. Costa Rica no tiene programas de ayuda a la gente desempleada, ni a las personas que han perdido sus familiares, ni a los que se han quedado incapacitados por la pandemia. Los programas de entrega de comida se han reducido sustancialmente, por falta de fondos. Si éstas son las prioridades del Presidente y del Ministro de Hacienda, no me imagino como pueden enfrentar a un costarricense de frente y decirle que pague más impuestos.

Los banqueros ricos, sus abogados, asesores o esbirros que aparentemente ayudaron a redactar este proyecto deben avergonzarse de lo que están haciendo y más deben hacerlo los funcionarios públicos que intentan elevarlo a Ley de la República. Esto no es otra cosa que un asalto fiscal, disfrazado con poco disimulo de programa de ayuda e inexplicablemente avalado por el Ministerio de Hacienda. Solo una persona con muy poca formación y menos aún, suspicacia, creería que esto es una ayuda a la economía. De ninguna manera debe tener recursos para regalar a los banqueros a cambio de que supuestamente sus clientes mantengan el nivel de empleo raquítico que existe en la actualidad. Cuando nuestros hijos nos pregunten por qué razón estamos en una sociedad en la que la gente ha perdido la fe en el Gobierno, les podemos explicar que actos como éste minan lentamente la confianza y la fe públicas.

¡Digamos NO y hagamos que todo diputado se entere de la realidad de este proyecto!

– Economista


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