Cambio Político Opinión, análisis y noticias
María Elena López
Doctora
En qué buen momento nos toman las reflexiones del Dr. Jaramillo publicadas en Cambio Político sobre la situación de la CCSS. Los costarricenses no podemos quedarnos fuera de las decisiones que en este momento se toman sobre su futuro. ¿Cuál CCSS queremos preservar para el futuro de nuestros hijos y nietos, para las futuras generaciones?
Quisiera añadir un comentario a lo señalado hasta aquí por el Dr. Jaramillo a guisa de reflexión al vuelo y que trata sobre la universalización de la Seguridad Social, decisión política que se tomó muy tempranamente en el año 1961 y que se cristalizó en los inicios de la década de los 70´s en el último Gobierno de José Figueres Ferrer. La pregunta que se hace uno ante esta decisión es entender las bases financieras que aseguran esta pretendida universalización y así poder entender las decisiones políticas que la sustentaron y que sin lugar a dudas vertieron buenos réditos políticos a sus gestores y que ha construido hasta el momento una cultura general ciudadana dispuesta a defender, y con toda razón, esta institución como símbolo del Estado Social de Derecho y del bienestar ciudadano.
La hipótesis que coloco para discusión es que el financiamiento de la universalización de la Seguridad Social nunca fue un tema bien definido en la agenda política de los diferentes gobiernos que desde 1971 a la fecha han sucedido en el Gobierno, más bien a lo largo de todo este periodo y especialmente en épocas de crisis coyunturales de la economía del país, de una u otra forma se ha negociado debajo de la mesa la disminución de los aportes financieros estatales a la Caja, el pago diferido sin intereses de la deuda estatal, el pago con bonos de deuda pública que la institución ha tenido que negociar con precios bajos al nominal en el mercado, el pago de servicios prestados a la población viviendo en condiciones de pobreza y no asegurada en lugar del pago por aseguramiento por el Estado, todo lo que ha ocasionado pérdidas a la institución de miles de millones de colones, poniendo en grave riesgo esa universalización que se dice defender en los medios de comunicación y que ahora amenaza seriamente la propia sobrevivencia institucional. ¿Qué traducen estos hechos concretos a lo largo de más de 40 años? La decisión política del Estado costarricense de hacer caer sobre las espaldas de la población el financiamiento del sistema de salud y escabullir al bulto a sus responsabilidades constitucionales, con la complicidad de las propias autoridades de salud de turno.
La pregunta que debemos hacernos es: si este sistema universal y solidario que nos ha dado tan buenos resultados ¿estaremos dispuestos a defenderlo y que debemos exigirle al Estado Costarricense hacerse responsable de sus compromisos y poder avanzar en su consolidación? ¿O nos haremos cómplices silenciosos de aquellos que justifican su desmantelamiento porque no hay dinero en las arcas del Estado? ¿O de aquellos que sostienen que ante esta crisis financiera del seguro de salud, a sus servicios los únicos que podrían acceder son los asegurados que cotizan? ¿O bien de otros que proponen que la CCSS se dedique a servicios básicos para todos, dejando la mayor complejidad a la empresa privada? ¿O de otros que sugieren la apertura de los seguros y por supuesto el descreme de la población más rica de la CCSS terminando con la solidaridad y de hecho con la institución en el mediano plazo?
¿Cuál CCSS queremos? ¿Cuál es el sistema nacional de salud que queremos heredar a las nuevas generaciones? De esa discusión no podemos estar ausentes.
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