Apuntes sobre el Empleo Público

Carlos Manuel Echeverría Esquivel

Carlos Manuel Echeverría

Difícil y desafiante, por descuido, de su ciudadanía y gobiernos que antecedieron al presente, incluyendo los cuatro poderes (el TSE porque no ha podido mejorar la muy deficiente forma de elegir a los diputados), sigue siendo el panorama de Costa Rica, a pesar de que ha habido dos avances sustanciales: la aprobación de la llamada Reforma Fiscal (Ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas) y el magnífico y valiente fallo de la Sala Constitucional que hizo posible la aprobación de aquella; son hitos, que deben seguir inspirando al Congreso y el Poder Ejecutivo a seguir reformando, pues de lo contrario, un país con el manifiesto potencial de Costa Rica y sus reconocidos logros, se irá al barranco.

La Ley General del Empleo Público

Se nos anuncia para pronto, el que el Congreso iniciará la revisión del proyecto para una Ley General del Empleo Público, urgentísima; una magnífica oportunidad para redimensionar el costo que genera el empleo público de acuerdo a las posibilidades del país, aunque duela a los beneficiarios, así como para eliminar diferencias odiosas de remuneración entre funcionarios públicos que con el mismo tiempo de servicio y formación equivalente, realizan funciones similares. También para promover por un lado el rendimiento óptimo en su trabajo del funcionario público en cualquier nivel, su remuneración parcialmente vinculada a un rendimiento según éxitos comprobados coincidentes con lo planeado, su periódica formación para motivar y promover productividad y competitividad, así como y por el otro, su dignificación y estabilidad laboral, nunca inamovilidad. Es necesario que el aparato estatal no sea un empleador residual, sino que quienes deciden trabajar para el gobierno en sus diferentes manifestaciones, lo haga entendiendo las particularidades y lo honroso de laborar en el aparato estatal.

La economía costarricense

Costa Rica es un país de economía mixta, que para este servidor es lo que conviene; las leyes de mercado deben privilegiarse para que la economía funcione bien, moderadas mediante la regulación y en la noción de que en algunas áreas, la empresa pública puede justificarse o puede que no, dependiendo del nivel desarrollo en que se encuentre el país y las particularidades de cada sector o servicio. Desde otra perspectiva, la iniciativa privada es fundamental para generar la riqueza no solo para el disfrute de quienes la generan, propietarios del bien productivo y trabajadores, ojalá incrementalmente más trabajadores como socios. La economía que funciona es la que se rige, nos guste o no, por los principios de la economía liberal, cuyas leyes económicas bien podemos moderar, pero no ignorar, como lo hicieron los soviéticos y satélites con resultados conocidos. El keynesianismo de aplicación temporal, por ejemplo, puede ser muy útil para estimular la economía, cuando sea necesario.

Necesita el sector productivo el apoyo del sector público, que se financia de la riqueza generada por aquel; están íntimamente entrelazados y eso debe de tenerlo muy claro el funcionario público. Cuando el sector público es ineficiente o ineficaz, o ambas a la vez, inefectivo, el sector productivo de bienes o servicios, pierde competitividad y no puede cumplir. Ergo, salvo que se impriman colones o se financia el gasto público de funcionamiento (corriente) con préstamos -prácticas que como les sucede a las personas con sus deudas para consumo son fatales- aquel (el gasto público), no se puede cubrir.

Las remuneraciones y pensiones

No es posible que los funcionarios devenguen altas y desproporcionadas remuneraciones, por medio de granjerías y pluses, que en ningún lugar del mundo se ven, porque les hizo gracia y tuvieron la picardía ellos o sus predecesores, así como la complacencia de jerarcas incapaces o deshonestos, al igual que auditores cómplices, para que se establecieran. Ni las universidades estatales, que han confundido la naturaleza de la autonomía universitaria de la que acertadamente gozan, tiene derecho a hacer con los recursos públicos lo que les viene en gana, alegando, como sucede en muchos casos, que la ley faculta, aunque sea ilegítimo.

“Hacer plata” en el sector público no es legítimo, como si lo es por supuesto en el sector privado. Es alarmante lo que de los presupuestos públicos se va en pluses y granjerías, que en la práctica no tienen impacto positivo sobre la productividad del país y más bien destinan recursos a promover el consumo privado, cuando bien podrían ser invertidos en infraestructura socio-económica para aumentar la capacidad reproductiva de los recursos y el bienestar de la ciudadanía.

La pensión por ejemplo, es un reconocimiento, a una vida de trabajo, ojalá productivo y bien ganado. Aquella, junto con el servicio médico que la acompaña, busca darle a la persona disfrutante, un ingreso que le permita salir avante hasta el final de sus días, no hacerse rico. No es aceptable ética y moralmente, ni financiable, que se otorguen pensiones de 30 mil US$, que hacen posible, por ejemplo, al beneficiario o cuestionables beneficiarios, comprar un inmueble en Costa Rica o en el exterior para su disfrute; la pensión del Estado no es para que la persona disfrutante se haga rica; tampoco para que toda la familia extendida viva de ella o inclusive, como se ha dado el caso, que hombres mayores cercanos a la muerte, se casen con alguien para favorecer a esa persona con una pensión heredada. Así hay decenas de picardías.

Tampoco es aceptable en Poder alguno o en el régimen municipal, salarios como de jerarca de empresa privada. El aparato estatal dentro de un estado moderno, no puede ni debe competir con el sector privado en cuanto a salarios y granjerías; el empleo público debe ofrecer al funcionario público otros beneficios que hagan atractivo el serlo; debe d darse también en el funcionario, una vocación y una mística, que lo haga escoger el camino del servicio público. Acabo de “gugulear” que el alcalde Nueva York gana US$ 225,000 al año y el presidente de EEUU, uno de los relativamente pocos países en el mundo donde la vida es más cara que en la inflada Costa Rica, gana desde hace años US$ 400,000 más 50,000 US$ para gastos especiales. Haga el lector sus números para que se vea el desastre en que estamos.

Está demostrado que excepto por seguramente 25 segundos (irónicamente hablando), cuando el funcionario lee el aviso del depósito, las granjerías y pluses no motivan; al contrario, dan demasiada seguridad y eso más bien atenta contra la productividad. Ésta se favorece cuando se otorgan incentivos pre establecidos y no permanentes, en base a hitos alcanzables de acuerdo a lo planificado. Necesitamos funcionarios públicos a todo nivel comprometidos y motivados. Es fácil encontrar ejemplos, como es el caso de lo caro que cuesta en la práctica que lleguen los recursos del IMAS a quienes van dirigidos, mermando de esta forma su caudal e impacto socio-económico. Si nos comparamos con países similares al nuestro, como es el caso del Uruguay por ejemplo, podemos darnos cuenta de que ellos están mejor en gran parte porque su aparato estatal es más efectivo que el nuestro. Eso hace posible que la plata que recibe el aparato estatal, le alcance al Uruguay para tener más y quizás mejores representaciones diplomáticas que Costa Rica, estratégicamente distribuidas por el mundo.

Lo anterior nos lleva a otro punto clave: el de la buena gerencia pública, ajena a nuestra institucionalidad, si la juzgamos entre varios casos similares por el desastre del ICE, donde pareciera que ni un buen “cash flow” (flujo de caja) o presupuestación de necesidades de capital pueden hacer, amparado a confiable ejecución y atenerse a lo previsto, sin tener que recurrir al esquilmado ciudadano. Consté, cuando me toco honrosamente y por delegación ministerial gestionar OFIPLAN (hoy en día MIDEPLAN), que se financiaba del llamado “Fondo del 1%”, jamás tuve un problema de flujo de caja…… y nunca quedó algo planeado sin financiar; racionalizábamos los gastos y el equipo de trabajo era de primera y estaba motivado. Al respecto y lo digo como profesor que he sido (Ciencias Políticas, UCR): me parece que las carreras de administración pública o del ramo en las universidades estatales, deben revisarse para asegurarse de que fomenten y preparen para la buena gerencia pública, que tiene características muy propias, pues sin ella y sin condiciones restrictivas en cuanto a la calificación para la contratación de la jerarquía institucional, no se logra abastecer ese requerimiento fundamental: la excelencia en la gestión pública, que es ir mucho más allá del “mandar” y del “administrar”. Quizás la comisión legislativa que analiza cómo se invierte el FEES puede hacer esa revisión. Podría ser que el ICAP, Instituto Centroamericano de Administración Pública, con sede en Costa Rica, estuviera en condiciones de apoyar esa tarea.

¿Otros aspectos que quisiera tocar tangencialmente:

1) La corrupción en cualquier modalidad, nivel, posición o sexo, es intolerable.

Por ejemplo, nada de que porque se trata de una mujer se le aplica el “pobrecita” que tanto daño nos ha hecho. Implacable contra la corrupción debe ser la nueva ley, con sanciones de mucho peso, extremas inclusive. Funcionarios en cargos de gerencia, debe de ser de moral comprobada y éticamente aptos.

2) La claridad y viabilidad de políticas de gobierno, que por la vía de decreto o acuerdos de Consejo de Gobierno emanan de la Presidencia de la República y que según la magnífica Ley General de la Administración Pública (Ley Piza Escalante- Ortiz Ortiz, son directrices de acatamiento obligatorio, salvo que se pueda demostrar ilegalidad, sectorialmente e institucionalmente.

Al respecto, es importante que los funcionarios públicos tengan claridad en cómo óptimamente debe funcionar el Estado, el sistema de planificación nacional por ejemplo, las vinculaciones intersectoriales públicas y privadas, etc.

3) Y un par de puntos más, que escapan a la iniciática que nos ha ocupado como autor al suscrito y al distinguido lector quien me hace el honor:

3.1. Conviene que la educación secundaria en Costa Rica profundice si ya lo hace y si no, lo incluya, la formación en al menos las generalidades de funcionamiento de una buena economía. No facilita los procesos el que una gran parte de los educadores, por ejemplo, ignoren las consecuencias económicas de lo que están solicitando como conquista o para mantener las ya adquiridas, así como de las consecuencias de un movimiento huelguístico improcedente, para defender lo indefendible.

3.2 Podría ser que la muy necesaria ley de anti acoso en el trabajo merezca una revisión. Hay indicios de que podría estar atentando contra la buena gestión, un subproducto con seguridad no deseado por el legislador.

Confío en que el coraje exhibido en el primer round por el Señor Presidente y sus colaboradores, así como por la Asamblea Legislativa como cuerpo colegiado, se mantenga durante lo que ha de ser una larga y patriótica jornada, para que Costa Rica se re enrumbe en la senda del progreso sostenido y sostenible a largo plazo. Así mismo, que los sindicatos públicos, de indiscutible importancia como defensores y promotores de lo que es legítimo e interlocutores en ineludibles diálogos sociales al menos tripartitas, que han de venir para promover los entendimientos requeridos, se “laven la cara” y se conviertan en aliados de la ciudadanía en general y no en adversarios, defendiendo privilegios disfrazados de derechos.

Ex Viceministro-subdirector de Planificación Nacional y Política Económica.


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