¡Alerta roja!

Fernando Berrocal

Fernando Berrocal Soto

La detención de un ex Director General de la Fuerza Pública vinculado a la narcoactividad, obliga a emitir una ALERTA ROJA y actuar, por lo menos, en seis direcciones fundamentales, aceptando la tesis fundamental y cierta de que el tema de seguridad no es solo responsabilidad policial, sino que debe responder a una política pública integral del Estado, con apoyo ciudadano:

1.- Mejorar y aprobar la Ley de Extinción de Dominio con un texto corto, de pocos artículos y circunscrito exclusivamente al narcotráfico y el lavado de dinero proveniente de esta actividad vil y criminal. Hay que golpear la narcoactividad en donde más les duele: las riquezas provenientes de la droga.

2.- Mejorar y aprobar el proyecto de la Corte Suprema de Justicia para crear una Jurisdicción de Narcotráfico o, al menos, reformar la legislación penal, en lo sustantivo y en lo procesal, endureciendo las penas y eliminando, por ejemplo, la discrecionalidad de los jueces en materia cautelar, para que la medida sea siempre la cárcel, en toda la investigación y hasta la sentencia.

3.- Mejorar y aprobar la ley que crea el Sistema de Seguridad, presentado en el 2014, para articular y sistematizar eficientemente el trabajo de los distintos cuerpos de policía y las Policías Municipales, dándole mayor autoridad, fuerza y jerarquía a la Fuera Pública y al MSP. La dispersión actual de las autoridades policiales y la falta de jerarquía, es causa de ineficiencia y una de las razones por las que estamos perdiendo la batalla contra la criminalidad y el narco.

4.- Recibir con entusiasmo la próxima inauguración de la Escuela Nacional de Policía como una obra país de primer orden y transformar a esa institución en el eje único de la profesionalización de todos nuestros cuerpos de policía y un centro educativo de pensamiento y estrategia, estrictamente policial y civilista, en materia de seguridad y lucha contra la narcoactividad y la criminalidad. No podemos caer en la tentación de la militarización de la Fuerza Pública.

5.- Reforzar, aumentar y articular, bajo una coordinación superior, en el Consejo de Seguridad que establece la Ley de Policía, el conjunto indispensable de acciones preventivas adicionales y paralelas en escuelas y colegios, organización ciudadana, salud pública, construcción de polideportivos, salones comunales y alumbrado público, para complementar desde la sociedad civil y otras instituciones del Estado, el trabajo de seguridad de la Fuerza Pública.

6.- Lograr la meta de 25.000 efectivos en la Fuerza Pública, en un Sistema de Seguridad, como el propuesto, que sea articulado, operativo y con gran capacidad preventiva y de reacción frente a la criminalidad y la narcoactividad. Asimismo, retomar la Alianza Estratégica abandonada con las empresas de seguridad privada, sumando al esfuerzo oficial a más de 30.000 guardas de seguridad, en condición de “auxiliares de policía” y con la preparación necesaria, supervisada y controlada por el MSP. La seguridad privada y bancaria es una realidad nacional. Hay que integrarla y supervisarla.

Mientras no implementemos una política pública integral del Estado, apoyada por la ciudadanía, seguiremos como país dando palos de ciego y fracasando.

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