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Rosita Argüello entrevista a MICHELLE VÍQUEZ de la Fundación Arias para la paz y el progreso humano
El jueves 13 de junio en el hotel Suerre en Guápiles, líderes comunitarios, asociaciones de desarrollo, comités de deporte, grupos juveniles, iglesias, empresa privada, instituciones gubernamentales y gobiernos locales participaron en un proceso de dos años, como parte del proyecto “Derecho Humano a la Seguridad Ciudadana”, de la Fundación Arias para la Paz en alianza con la Federación de Cantones Productores de Banano (CAPROBA) y gracias al financiamiento de la Unión Europea, con un aporte de € 97.643,39.
El proyecto parte del compromiso de trabajar por una cultura de paz, respetuosa de los derechos humanos. Por ello, el proyecto se planteó como objetivo general promover procesos de participación ciudadana para la elaboración de políticas públicas sobre seguridad ciudadana en la Provincia de Limón.
Entre los temas que las comunidades han señalado como fundamentales en la creación de una cultura de prevención de la violencia están: el fortalecimiento institucional y coordinación local, el fortalecimiento de la familia, el abordaje integral del tráfico, venta y consumo de drogas, la creación y recuperación de espacios públicos, y la generación de empleo y oportunidades.
Cambio político entrevistó a Michelle Víquez de la Fundación Arias para la paz y el progreso humano, quien es la coordinadora del proyecto y nos amplió esta información.
CAMBIO POLÍTICO – ¿Cómo nace el proyecto?
MICHELLE VÍQUEZ – Nace de una necesidad porque la provincia de Limón a nivel nacional es la segunda provincia con los índices de inseguridad ciudadana más altos del país y entendemos que esto es por causas más profundas, más arraigadas, es un problema más profundo y la gente considera que ahora ellos pueden hacer cosas al respecto.
CP – ¿Cuántos participantes tuvieron?
MV – Durante dos años tuvimos alrededor de seiscientas personas de los cantones de Matina, Gúapiles, Siquirrés y Talamanca, de diferentes sectores desde cámaras de turismo y de comercio, sector bananero, gobiernos locales, asociaciones de desarrollo, y tuvimos una respuesta bastante buena, sobre todo de gente que a veces quiere hacer algo, pero no sabe cómo. Por eso esto se convirtió en una iniciativa para unir esfuerzos y decir: bueno, quiero hacer algo, vos también, hagámoslo en conjunto.
CP – ¿Qué papel jugaron los gobiernos locales?
MV – Inicialmente hicimos una alianza con la Federación de Cantones Productores de Banano (CAPROBA) y es por medio de ellos que llegamos hasta los gobiernos locales y le apostamos a ellos porque son los que hacen políticas públicas y así surgieron una serie de compromisos sobre todo presupuestarios y ya eso es un avance.
CP – ¿Qué compromiso siente queda en el ambiente?
MV – El ambiente que queda es muy positivo y sobre todo con mucha expectativa por las iniciativas de la gente, y va a empezar a surgir una presión de la ciudadanía hacia los gobiernos locales y también un cambio de paradigma en cuanto a que ellos pueden hacer algo. Traer inversión, crear oportunidades, miles de acciones que ellos mismos han propuesto porque se dieron cuenta que tienen respuestas.
