Monólogos con Pelé: La vida privada del funcionario público

Lina Barrantes C.

En dos oportunidades durante estos días recién pasados, he escuchado la frase “ese es un asunto de índole privada”, o “eso es de la esfera privada no pública”.

La primera fue con relación a las consultorías de PROCESOS. La Presidenta de la República dijo en días pasados que al haber salido del gobierno don Fernando Herrero, Ministro de Hacienda y doña Florisabel Rodríguez, asesora de imagen de la Presidencia de la República, ella no podía cuestionarles el no pago de sus impuestos, ya que eso pasaba a ser un asunto de su vida privada.

La segunda es, con la quebradura del Rey Juan Carlos, durante su vacación y esparcimiento, resulta que su diversión de asesinar especies en vías de extinción, hay quienes se atreven a tildarla de actividad privada.

Ambas nos llevan a reflexionar (a Pele y a mi) sobre el limite confuso, imperceptible para algunos, que existe entre lo público y lo privado, cuando alguien es funcionario público.

¿Cómo es eso de que un Ministro de Hacienda y/o una asesora presidencial, no tienen que rendir cuentas al Estado, al Gobierno, y viéndolo ya con lupa, a la Presidenta que confió en ellos al colocarlos en esas posiciones, sobre su distracción de impuestos, en el caso de los municipales, evasión de impuestos, en el caso de las declaraciones de PROCESOS, y particularmente en el de la renta de al menos una propiedad al Ministerio de Seguridad Pública?

¿Cómo es eso de que la Corona Española, considera que un viaje del Rey, a practicar la Caza Mayor es una actividad privada, cuando la Corona Española en su totalidad es mantenida de las contribuciones de todos los españoles? Perdón, no de todos, por que casi 5 millones de españoles están desempleados en este momento, mientras su Rey, participa de una actividad a cambio de sumas que oscilan entre 7 mil y 35 mil euros para matar especies en vías de extinción.

¡Su Majestad don Juan Carlos, Rey de España, no tiene vida privada! Un funcionario público costarricense como un ministro, o un asesor presidencial, o la Presidenta de la República, ¡no tienen vida privada! Tampoco es un asunto de la esfera privada de su vida, que el marido de la Presidenta de la República maneje su automóvil con la licencia vencida. No, no es así.

Hace un par de semanas la fracción de Liberación Nacional se aprestaba a someter para su discusión un proyecto de ley que pretendía despenalizar y proteger –de por vida- a aquel funcionario público que pudiese ser procesado por la comisión de un presunto delito funcional, es decir, una eventual denuncia por algo producto estrictamente de sus funciones. Este proyecto atentaba directamente en contra de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, ya que lo que dicha ley tipifica como delito, son obviamente una serie de “actuaciones funcionales”. Veámoslo con algún ejemplo: ¿existe alguna posibilidad de que alguien sin poder trafique influencias al dar cartas de recomendación para que una empresa sea contratada? Obviamente que no! El delito de tráfico de influencias es un delito funcional entonces. ¿Pretendía la fracción de Liberación Nacional proteger a quienes trafican influencias? ¿Tendría algún interés particular la Presidencia de la República al convocar a este proyecto de ley en proteger a alguien en particular?

¡Este límite confuso, imperceptible para algunos, que existe entre lo público y lo privado, cuando alguien es funcionario público!

* Pele es un perro beagle, mi perro. El escucha pacientemente las reflexiones que de vez en cuando decido poner en blanco y negro. Por eso en agradecimiento a su complicidad, he decidido poner este nombre a la columna.