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Lina Barrantes Castegnaro
El 2012 cierra con la noticia de que la fiscalía ha desestimado la denuncia en contra de Rodrigo Arias –ex ministro de la presidencia de la Administración Arias- por las contrataciones hechas durante ese gobierno, por el BCIE de un fondo de apoyo a las labores de Casa Presidencial.
Cuando se produjo, años atrás, la denuncia por el uso de esos fondos, la Contraloría General de la Republica, abrió una investigación. Realizó un análisis serio y técnico, como debía hacerse sobre un tema tan delicado y con tanto dinero de por medio, y presentó un informe. Un informe en el que básicamente no responsabilizaba a nadie de los procesos deficientes, sino que señalaba que no existía un marco dentro del cual se calzaran estas contrataciones para hacerlas en apego a estrictos procedimientos. En el mismo informe, la Contraloría señala cual debe ser el marco que en lo sucesivo en situaciones similares el gobierno debe cumplir. En el momento en el que se produce la denuncia, se interrumpen esas contrataciones.
La denuncia no queda en lo técnico, sino que se va también a lo político. La Asamblea Legislativa abre una comisión legislativa que –como siempre todas las comisiones legislativas- se convierte en un circo, que finalmente no encuentra causa para censurar el Ministro Arias –que era el objetivo-.
Si mi memoria no falla, la Administración Arias, solicita también un informe a la Procuraduría General de la República. La Procuraduría igualmente dictamina sobre la falta de un marco jurídico referencial en el cual proceder a ese tipo de contrataciones, que dicho sea de paso no las hacia el Ministerio de la Presidencia, sino que las hacía el Banco Centroamericano de Integración Económica. Igualmente los informes de los consultores se rendían ante el Banco con un paso por el Ministerio de la Presidencia, que era quien verificaba el cumplimiento de su trabajo.
No bastando con esas tres instancias, al inicio del nuevo gobierno, se activan de nuevo todas las instancias, como si un cambio de gobierno significara partir de cero en todo. Con un menosprecio enorme de lo resuelto, se vuelve a abrir una Comisión Legislativa que investigue y se lleva el tema a la Fiscalía General de la República. De nuevo las instancias no encuentran razones para procesar al ex Ministro. Entonces, lo sorprendente: aparecen los “lideres” de la oposición al gobierno –y algunos liberacionistas- diciendo que el fiscal actuó mal, al desestimar la denuncia, por que ellos saben de cierto, que las pruebas estaban.
Dos comentarios respecto a estos acontecimientos: el primero, señalar que nuestro sistema debería tener un control, que impida a los políticos irresponsables, gastar recursos públicos, en nombre de la honorabilidad y la búsqueda de la verdad, en volver a investigar lo que ya ha sido investigado. El segundo, es llamar la atención sobre la irresponsabilidad de algunos, que en poco contribuyen con el sistema democrático cuando presumen que siempre hay pruebas adicionales (que no se presentaron) y que siempre hay algún compadre hablado; y lo peor, es que no es siquiera una presunción: tienen el descaro de plantearlo como un hecho consumado, como una realidad. Todo por que destruir la honra de alguien estaba dentro de su agenda. Mientras la agenda política de muchos en este país, contenga un punto único: ver a Oscar y Rodrigo Arias en “perrera”, como dijo Kevin Casas, pobre política costarricense!
* Pelé es un perro beagle, mi perro. El escucha pacientemente las reflexiones que de vez en cuando decido poner en blanco y negro. Por eso en agradecimiento a su complicidad, he decidido poner este nombre a la columna.
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