Limón hacia el desarrollo con la ruta 32

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

Johnny Soto Zúñiga

La Asamblea Legislativa aprobó el 25 de febrero el préstamo con la República Popular de China de $ 395 millones de dólares, que permitirá la ampliación de la ruta 32 en Limón. Es un préstamo internacional que comenzó a analizarse desde la Administración pasada. Para la provincia caribeña y el país en general es vital la ampliación de alrededor de 107 Km de carretera a cuatro carriles, tramo que va entre el cruce a Río Frío (se pasa primero el parque Braulio Carrillo y el cruce está antes de llegar a la ciudad de Guápiles) y de ahí se sigue directo hasta llegar a la ciudad de Limón. Se convertiría en una vía más amplia y rápida, e incluso podría existir un carril exclusivamente para tránsito pesado, con el objetivo de evitar accidentes entre los vehículos livianos y los trailers y buses.

Comparto los criterios a favor de esta ampliación de la ruta 32, con el fin de lograr el desarrollo social y económico de Limón, donde se da el tránsito de las importaciones y exportaciones del 80% del país hasta su embarque en los muelles. Ya el crédito recibió la aprobación de los dos debates de ley como manda la Constitución Política y el Reglamento Legislativo, para este tipo de empréstitos internacionales. Este es el inicio legal y procedimental del proyecto; dando un mensaje claro al país, a todos los ciudadanos, trabajadores, empresarios, inversores y todos los actores que de una u otra manera se involucraran con el desarrollo y progreso de Limón. Las cláusulas del contrato del proyecto de ampliación con la empresa china constructora estatal “China Harbour Engineering Company (CHEC)”, es el segundo round a analizar y aprobar.

De ahora en adelante la ejecución de la obra queda en manos del Poder Ejecutivo; lo más importante son todos los detalles constructivos de la carretera, de manera que se cumpla con las especificaciones técnicas que requiere una vía de primer orden. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) debe coordinar con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica. La revisión y elaboración de los planos podrá convertir un anteproyecto en un proyecto real que incluya una programación detallada de la obra, definición del sistema constructivo y los materiales a utilizar, así como la resistencia de la vía al rodaje de maquinaria y equipos pesados y un uso intenso dado que la mayoría de los productos de exportación e importación transitarán por esta nueva vía, convirtiéndose en una de las arterias más importantes del país.

Mientras no exista otra opción como podría ser la apertura del ferrocarril al Atlántico en otras condiciones; lo que disminuiría notablemente los costos de mantenimiento de la ruta 32. Reitero que debe definirse el sistema de supervisión del avance físico, financiero y de la calidad de las obras; de manera tal de no llevarse sorpresas de los costos y aumentos desproporcionados como se ha dado en el pasado con otras grandes obras. Estos detalles técnicos deben quedar claros en el contrato final con la empresa constructora; inclusive revisarse los términos cuestionados por la Contraloría General de la República en el proyecto, con un presupuesto detallado que incluya “imprevistos”, que no deberían ser tan imprevistos, haciendo los estudios necesarios antes de iniciar la obra. De manera que no debe dejarse nada a la suerte, en detrimento del buen manejo de los fondos públicos.

Se ha dicho que se han revisado más de 15 aspectos diferentes del proyecto de contrato original de hace varios años. Estamos ante un proyecto técnico, que no debe confundirse con un proyecto político. Me parece que si la empresa estatal china está dispuesta a renegociar los detalles del contrato, y aceptar los respectivos adendum o enmiendas de éste convenio; debe quedar expreso los mecanismos de supervisión para garantizar que lo que está escrito se cumpla en la realidad; y además el Poder Ejecutivo esté atento, a que no se den conflictos de intereses, debido a que los involucrados son el gobierno costarricense y la empresa china estatal; se debería contratar un ente externo como el Lanamme; para que con “transparencia y sin secretismos”, desde el inicio de las obras se preparen informes del avance financiero y físico.

La contraparte costarricense con la empresa CHEC, debe tener claro su presupuesto. En el contrato debe definirse en forma específica el costo de las obras que hará el Poder Ejecutivo para no llamarse a engaño; el Ejecutivo deberá presupuestar detalladamente el costo de las expropiaciones de tierras, el traslado del poliducto que le corresponde a la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), y demás infraestructura de obras o servicios públicos, en el trayecto de la vía a Limón. Ciertamente los costos de estas obras ahora son más caros que lo presupuestado hace varios años, porque todo sube y aumenta a la fecha las nuevas obras. No se vale, entonces poner todo tipo de “peros” u “obstáculos” para oponerse al desarrollo del país, en una infraestructura vial fundamental, especialmente para la tan golpeada provincia caribeña.

Se debe pensar de inmediato y paralelamente en mejorar y desarrollar un proyecto para la vía desde el cruce de Tibás hasta el cruce a Río Frío, porque cuando ocurran derrumbes en la ruta que atraviesa el Parque Braulio Carrillo, se dan los frecuentes accidentes de tránsito en dicha ruta, hacen necesario en forma recurrente el cierre del tránsito, causando demoras y perjuicios injustificados, o por obligación tener que devolverse y tomar la ruta por Cartago y Turrialba, con las consecuentes pérdidas económicas, sobre todo cuando se trata de productos perecederos u otras exportaciones que necesitan conectar con buques que no esperan la llegada de estos productos.

Esperemos que priven los mejores intereses públicos para beneficio de todo el país y especialmente la provincia de Limón, que tanto necesita la ayuda estatal y empresarial para salir adelante, y así bajar la delincuencia, el desempleo y la falta de oportunidades de los jóvenes y pobladores que tienen que sacar adelante una familia. El Poder Ejecutivo y sus instituciones públicas, llámese el MOPT y el Consejo de Seguridad Vial (Conavi) y otras deben revisar con lupa los presupuestos, los análisis técnicos y jurídicos, a fin que el contrato con CHEC, pase el tamiz del refrendo de la Contraloría General de la República, sin mayor demora y que así se pueda dar el inicio de las obras de infraestructura de la ampliación de la ruta 32 a Limón; todo conforme a la transparencia, la normativa legal del país, la inversión y maximización de los recursos financieros.

Finalmente, considero que en este país se pueden hacer bien las cosas, si existe la voluntad de los actores decisores, para construir megaestructuras y grandes obras, y así lograr que Costa Rica avance hacia el real desarrollo social y económico. No debemos esperar tanto para la ejecución de este tipo de obras. Aplaudimos también la firma del fideicomiso que financiará la ruta hacia San Ramón, donde se utilizan recursos financieros de instituciones públicas, que pueden invertir en este tipo de grandes obras. Este es el norte de las políticas públicas que el Estado debe acometer sin mayor demora, para el progreso del país.

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