Ligerezas de un Estado cada vez más incapaz

Luis Diego Vargas Chinchilla

Luis Diego Vargas

Frecuentemente se valoran con ligereza las manifestaciones de grupos económicos irregulares que, bajo la apariencia de actividades de economía informal o lucha por la reivindicación de derechos, esconden un fraude a la buena fe subyacente en la solidaridad de la población. Veamos dónde radica esa ligereza.

Antes es necesario entender que existen grupos de ciudadanos poco favorecidos que se ven obligados a buscar alternativas para ganar el sustento de sus familias fuera de la economía formal. Por más que lo óptimo sea que todos esten dentro de la economía formal, obtengan licencias, concesiones, permisos, y además paguen por medio de los impuestos los servicios, infraestructura y seguridad social, las actividades informales son una realidad de las economías emergentes que las autoridades deben administrar con seriedad y no con una agenda demagógica y sensiblera. En nuestro país, sin embargo, el abordaje del tema por parte de las autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales más se acerca a arenga electoral que a riguroso ejercicio de la autoridad pública.

Un padre de familia que se compra un automóvil de segunda para ofrecer servicios de transporte de carga o de personas, una señora que teje unos abrigos para vender a los vecinos, un campesino que saca unas naranjas o flores de itabo a la vera del camino para vender a los viajantes, un artesano que hace coloridas hamacas o joyas para vender a los turistas o el güila que les vende agua de pipa en la playa, son ciudadanos con derecho a que el Estado no los acose y, mas aún, en ciertas circunstancias, a una guía solidaria de las autoridades para hacer de su actividad una unidad productiva formal en el futuro cercano.

Esos son ejemplos de la economía informal que debe ser inventariada, valorada y abordada con seriedad y que debe distinguirse del fraude que, en manos de poderosos intermediarios y explotadores laborales, se esconde bajo la idea de que hay que ser solidario con el ciudadano desfavorecido que busca sobrevivir en una sociedad desigual. La actividad de venta de plátanos tostados, flores o frutas en los semáforos en manos de trabajadores informales explotados por comerciantes mayoristas que administran una actividad al margen de la normativa de salud, laboral, impositiva y de seguridad, es un hecho cada vez mas evidente, sin control de las autoridades.

No me digan que el señor que pone un pick – up lleno de manzanas, uvas y melocotones en la salida de los hospitales es un pobre hombre desempleado que merece nuestra solidaridad. No me digan que el “vivazo” que tiene diez taxis piratas circulando y no paga las cargas sociales de sus choferes tiene derecho a que la policia de tránsito no los controle. No me digan que el “cara de barro” que da cien pesos a un verdadero artesano para luego revender en diez dólares a un turista un anillo de madera en alguno de los cinco puestos de venta que controla en la Plaza de la Democracia tiene derecho a que el Estado le dé propiedad o concesión de un espacio permanente en un mercado construido con capital publico en mera ciudad capital.

Es inevitable y hasta cierto punto comprensible, que estos grupos, en todo su amplio espectro de modalidades, tengan alguna cercanía con grupos políticos en medio de la actividad electoral y que haya alguna manipulación y especulación en ambas vías. Lo que resulta inaceptable es que, por ejemplo, ocurran estas dos situaciones que implican ejercicio de una responsabilidad pública:

• El Ministerio de Salud se hace de la vista gorda con esa red de vendedores ambulantes manejados por un mayorista irresponsable y defraudador. Es más fácil controlar un comerciante establecido que controlar un escurridizo vendedor de mango verde o chiles dulces en el peaje, que es empleado de una persona que tiene a veinte personas vendiendo lo mismo en distintos puntos. Es más popular cerrar un MacDonald porque le falta la gorra a los cocineros que decomisar los platanos fritos que sin permiso sanitario vende en un semáforo una pobre madre alcohólica y que, sin embargo, en realidad es explotada por un mayorista que nunca da la cara. No debe dejar el Ministerio de controlar el cumplimiento de normas por parte del primero comerciante formal, pero tampoco debe renunciar a su carácter de autoridad pública permitiendo que se vendan comidas y bebidas sin permisos sanitarios en las vías públicas.

• En el otro extremo, la Municipalidad de San José fracasó escandalosamente en la administración de esta realidad de la informalidad; que se hace gigantesca en el ámbito urbano. Primero llenó la ciudad de puestos de acero inoxidable en las aceras (ya no tan ambulantes) dónde se venden hortalizas que distribuye un mayorista que termina controlando un rentable negocio aunque con apariencia de pequeño negocio de familia marginal. Luego, optó por dar la sensación de que hay una autoridad protegiendo al comercio establecido y a los transeúntes, decomisando las chucherias que mujeres y jóvenes venden en la avenida central y por otro lado, como se dijo, alcagüetea el irregular negocio que se esconde tras los grandes distribuidores que explotan a los verdaderos pobres concesionarios de chinamos; si es que todavía queda alguno.

El Ministerio de Salud decidió no controlar ni la venta directa, ni al intermediario ni al productor informal de alimentos sin permiso sanitario. La Municipalidad decidió controlar – sin éxito – a los mas vulnerables y olvidar a los que desde atrás explotan a aquéllos. Por supuesto no se pueden hacer conclusiones generalizadas y sigue habiendo verdaderos “pulsadores” en actividades informales con quienes ni el Estado ni nosotros individualmente debemos ser indiferentes. Pero en virtud de esa solidaridad no se debe pasar por alto la incapacidad del Estado para administrar el fenómeno de la economía informal, distinguiendo las manifestaciones de la economía informal real de las estructuras concebidas para la defraudación y la explotación de la miseria y la marginalidad. Estas últimas se aprovechan de la buena fe que motiva a grupos más amplios de opinión que defienden el derecho a los menos favorecidos a buscar alternativas para procurar un sustento y del hecho de que el Estado no pone cada cosa en su lugar y da a cada cosa el tratamiento que merece. Cada día tenemos menos Estado y cada vez la gente se deja confundir con mayor facilidad por ese tratamiento demagógico de un tema tan complejo.

Desde la avenida 7*

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* El privilegio de vivir en el corazón de la ciudad capital, a pocos pasos de emblemáticos sitios y edificios, me permite ser testigo de una actividad urbana cada día mas desconocida para mucha gente y que servirá de inspiración para transmitir experiencias y reflexiones desde esta tribuna.

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