La corrupción y la ética social

Vía costarricense

Johnny Soto Zúñiga

La corrupción es uno de los mayores flagelos de las sociedades. Nuestro país no se escapa a este problema; y se encuentra en todas las esferas del ámbito público y privado, se ha entronizado con fuerza; siendo un fenómeno investigado, en el cual los actores políticos, funcionarios públicos, ejecutivos, profesionales, los grupos de interés y gremiales se han manifestado de una u otra manera, con el fin de tratar de extinguir este problema social; que afecta la credibilidad en nuestro sistema democrático, las instituciones públicas y empresas en general.

El pasado 6 de abril culminó el largo proceso electoral, con las elecciones nacionales en segunda ronda y el triunfo por primera vez del Partido Acción Ciudadana -PAC-, que nunca antes ha gobernado. Una de sus banderas más importantes desde su creación ha sido la lucha contra la corrupción en la función pública y el privilegiar la ética y la moral de las actuaciones de todos (as) los ciudadanos en las distintas instancias que se desenvuelvan. El desafío de lograr la transparencia y devolver la credibilidad y confianza en los poderes públicos, debe ser un objetivo de todos (as) los que convivimos en este hermoso país.

Es que ya los costarricenses estamos cansados de tanto asalto, robo, saqueo de los fondos públicos, metafóricamente ha sido a “saco y fuego”, con las enormes pérdidas de recursos económicos, a través de los diferentes escándalos de corrupción en los distintos gobiernos de la República en los últimos 30 años. Sin duda repercutió en la institucionalidad, agregado a la impunidad en muchos casos. La doble moral de algunos, al decir una cosa y actuar de otra forma, la falta de controles, de rendición de cuentas, falta de transparencia, el querer tapar los problemas éticos, de no acatar los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República y otras instancias, así como diversas causas ha generado una falta de confianza en los gobernantes y el sistema político.

La sociedad costarricense puede revertir el flagelo de la corrupción, tomando medidas preventivas efectivas; porque si bien existen las medidas sancionatorias y coercitivas, al parecer algunos ni se inmutan y no le hacen caso, como es la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y el Código Penal que son buenos instrumentos jurídicos; que contienen penas de cárcel, pero deberían darse algunas revisiones y reformas legales puntuales, así como todo lo referente a la legitimación de capitales o “lavado de dólares”, las mafias del crimen organizado y narcotráfico. Costa Rica, no se nos puede escapar de nuestras manos, la queremos limpia, libre de la corrupción, sin crisis de valores, y sin las constantes violaciones éticas y morales.

Considero que el próximo gobierno debe implementar de entrada un Código de Ética fuerte y sancionatorio para el cumplimiento de todos los funcionarios públicos; ya no se puede andar con dobleces, ni hablar de los dientes para afuera; emitir un mensaje y ejemplo claro empezando por los jerarcas y de ahí hacia abajo, que llegue a todos los departamentos de las instituciones públicas. El vaso rebalsó el agua y el pueblo exige la verdadera puesta en vigencia de claras normas éticas y morales. Esto no debe verse como una excepción, sino como un deber de los gobernantes de turno. El Estado tiene una naturaleza social y humana, y todos los miembros de la sociedad civil debemos coadyuvar en la lucha contra la corrupción y fortalecer la democracia.

El Estado debe buscar el bienestar de la colectividad y como decía Juan Jacobo Rousseau en su libro El Contrato Social: “Cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como parte indivisible del todo.” Esto deviene que la ética en el servicio público es fundamental y se debe proteger el interés general. El artículo 11 constitucional reza: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella”. Lo anterior demuestra que se debe actuar conforme a los principios y valores sociales; teniendo en sus funciones el objetivo de servir a los administrados y al Estado Social de Derecho.

Por lo tanto el comportamiento individual del administrador como del administrado, responde a la colectividad social; vivimos en sociedad, debemos tener reglas del trato social y una conducta ética y moral en sus acciones. El libre albedrío y discernimiento entre el bien y el mal, hace que la moral sea esencialmente social; somos parte de una estructura social, de un estado de derecho, entonces los negocios privados se hacen respetando las normas jurídicas y sociales. En el mismo sentido, los funcionarios públicos deben actuar con ética al realizar sus gestiones o emitir actos administrativos. Este es el orden social a que debemos estar sujetos todos los ciudadanos (as) de este país; así como la función de la prensa que debe denunciar las irregularidades que se den.

Podemos citar muchos ejemplos para no violentar la moral pública, como sería que un presidente de la República, ministro o alto jerarca se le nombre hijo predilecto de la Virgen, o un cargo parecido en el campo espiritual. Esto debe rechazarse de inmediato y dar las gracias al personero de la Iglesia católica o de otros credos; por cuanto es un asunto de la fe interior de cada individuo y nadie puede aceptar un título de esta naturaleza, que arrastraría una maldición tanto en lo individual como al colectivo que representa; al creer que por su investidura sea más que los demás creyentes y tengan un designio celestial.

Un aspecto fundamental es no aprovecharse de su cargo público, para revolver los negocios individuales con los públicos; se debe actuar bajo los principios éticos, sino mejor no aceptar un cargo público, y poder hacer válidamente sus negocios privados participando en licitaciones u otro tipo de contrataciones en igualdad de condiciones con otros oferentes. Nadie debe aprovecharse de su función pública para con artimañas, acciones fraudulentas, tráfico de influencias, amañar negocios para hacerse rico de la noche al día. Sabemos que vivimos un mundo globalizado, competitivo, de sociedad consumista, de adquisición de cosas materiales del alto costo; donde se convierte en tentación la obtención del dinero fácil.

Los ciudadanos desean un verdadero cambio en la conducta de algunos funcionarios públicos, que hacen que “paguen justos por pecadores”, porque la mayoría son honestos, pero las manzanas podridas contaminan al gran número de honrados servidores públicos. Tampoco el jerarca puede evadir su responsabilidad, sin tomar medidas fuertes a los que atentan contra la ética social y pública. Debe hacerse primar el bien común, los mejores principios y valores de la sociedad, con justicia y solidaridad social; así se devolverá la confianza en nuestra democracia.