Ideario Socialdemócrata para el Siglo XXI

Manuel Damián Arias

Manuel Damián Arias Monge
Comunicador social

El Socialismo Democrático, o como se denomina en su forma más edulcorada Socialdemocracia, vive una crisis de identidad, debido a fenómenos como el de la globalización y el auge de la cultura del consumo sin conciencia social y ambiental.

Por ende, luego de más de 20 años de la caída del Muro de Berlín, y en momentos en los que el otro muro, Wall Street, también se ha precipitado al vacío, es conveniente replantearse cuál es el objetivo de las políticas Socialdemócratas y la economía neokeynesiana. Definitivamente, a pesar de que la ciudadanía no termina de entender que el Socialismo es la única alternativa posible, hay que reivindicar las conquistas del pasado, de modo que, con nuevas ideas y planteamientos, accesibles al común de la población, sea posible proyectarlas hacia el futuro.

Cuando las tesis neoliberales habían proclamado su victoria e intelectuales conservadores, como Francis Fukuyama, hablaban del “fin de la historia”, en los países occidentales se hizo creer a la población que las ideologías políticas estaban por desaparecer; no obstante, lo que colapsó fueron los sistemas absolutos, la enajenación de los medios de comunicación al servicio del capital, la alienación del consumo, la uniformización del pensamiento y el capitalismo salvaje del libre mercado, guiado por las leyes invisibles de la oferta y la demanda, del dejar hacer y dejar pasar, que exigían la contracción del Estado a su mínima expresión. De lo contrario, la crisis económica y financiera global, que ha afectado al mundo desde 2008, no se entendería. Es la profundidad y la gravedad de este colapso del capitalismo, lo que indica que hay que retomar, con nuevos bríos y renovadas ideas y expectativas, aquellos sistemas políticos de pensamiento que, como la Socialdemocracia, buscan el difícil equilibrio entre lo público y lo privado, entre el crecimiento económico y el bienestar general, y entre la generación de riqueza y la distribución equitativa de la misma.

El fin de los dogmas

Los dogmas, tanto el marxista como el capitalista, se han derrumbado y, en su caída, han precipitado al mundo a la peor debacle económica desde 1929. Las secuelas de esta catástrofe serán de estudio obligado para las próximas generaciones; no obstante, la Socialdemocracia no puede cruzarse de brazos y debe asumir el liderazgo que le ha correspondido en los momentos más difíciles de la historia reciente, como durante la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.

Los paradigmas son ahora otros, sobre todo por el impulso al cambio que han generado fenómenos como la globalización, el surgimiento de amenazas internacionales (terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, deterioro ecológico y calentamiento global), la transición de sociedades rurales a urbanas, los déficit energéticos y alimentarios, el crecimiento de las brechas sociales y de los abismos entre países ricos y países pobres y, sobre todo, la revolución digital de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que ha hecho que el insumo con el mayor valor agregado sea el conocimiento.

La ruptura de los paradigmas ha significado el fin de los dogmas y la introducción, consecuentemente, de una dosis de pragmatismo en la filosofía política; sin embargo, esto no debe ser llevado al extremo, ya que, entonces, la diferencia entre la Socialdemocracia y otras corrientes ideológicas que ocupan el centro del espectro político, como la Democracia Cristiana, el liberalismo y las nuevas formas de populismo demagógico, se vuelven intrascendentes y llevan a la confusión a una ciudadanía que, ante el declive de la institucionalidad democrática, vuelve a clamar, como durante el período de entre guerras, por gobiernos de corte fuerte, lo cual crea el riesgo del resurgimiento del fascismo y de otras formas de autoritarismo, como el mal llamado “Socialismo del siglo XXI” o “Socialismo bolivariano”.

Es necesario que el Socialismo Democrático moderno, que cree en el Estado social y democrático de derecho, solidario y del bienestar, en la justicia social, en la equidad en la distribución de la riqueza, en el desarrollo social y económico sostenibles con el ambiente, en la evolución de los regímenes políticos hacia sistemas más abiertos y participativos, en una verdadera democracia económica, en los mecanismos de movilidad social, en el carácter universal de los servicios públicos básicos, en las libertades sindicales y sociales, en la dignidad de cada ser humano, en la economía social y solidaria de mercado, en el carácter regulador del sector público, en el progreso humano inclusivo, en la atención de las poblaciones vulnerables, en el avance científico y tecnológico, en la protección del medio ambiente y, sobre todo, en los derechos humanos, adopte una identidad particular, distintiva y singular, que permita distinguirlo de otras corrientes políticas, — de derecha y de izquierda –, que son manifestaciones anacrónicas de resabios de dogmas ya superados.

Los partidos socialdemócratas, por conservar una cuota de poder o para ganar elecciones, no pueden renunciar a sus valores fundacionales y a los objetivos que tienen en este nuevo siglo. Por ende, las coaliciones estables con la derecha Demócrata Cristiana, o Popular (como se le conoce hoy en día), no son viables, a menos que sean acuerdos puntuales sobre asuntos específicos. Es mejor esperar en la oposición, defendiendo al Estado social y democrático de derecho, que plegarse a las políticas neoliberales y neoconservadoras que han demostrado su fracaso. Por el contrario, la Socialdemocracia moderna debe superar viejos prejuicios que la limitaron en algún período histórico de la Guerra Fría, para pactar con aquellas fuerzas verdes-ecologistas o de izquierda, siempre y cuando éstas respeten el juego político no revolucionario de las democracias liberales y de sus instituciones y acepten el proyecto político progresista del centro izquierda, que es el sector del abanico político en el que debe ubicarse siempre esta ideología.

Los partidos Socialdemócratas deben volver a tener una base social amplia, amparada en organizaciones juveniles, de mujeres, sindicales, cooperativas, intelectuales, académicas y, sobre todo, comunales. Para esto, no es obsoleto pensar en recuperar los signos externos que, antaño, le dieron identidad a este movimiento político de centro izquierda democrático

Asimismo, los movimientos socialistas democráticos deben valorar las herramientas que brinda la sociedad de la información, como la Internet, las redes sociales, la televisión digital terrestre y la telefonía móvil, para recobrar un debate ideológico que promueva la evolución hacia estadios más avanzados de desarrollo ideológico y programático.

La Socialdemocracia es, además, incompatible con los movimientos nacionalistas, regionalistas, religiosos o que presenten alguna concepción xenófoba y que amparen cualquier forma de discriminación en la sociedad.

El “patrioterismo”, — que no es lo mismo que patriotismo –, debe ser desterrado de la Socialdemocracia moderna, ya que también es preciso recuperar su vocación internacionalista, solidaria y pacifista, aunque respetuosa de la soberanía y de la independencia de cada entidad nacional. Por ende, el centro izquierda democrático debe favorecer los procesos de integración supra nacionales, en los cuales haya inclusión social, integración de la diversidad, respeto por la diferencia, solidaridad humana y cohesión democrática.

El gran puntal del Socialismo Democrático del siglo XXI debe ser el diálogo social inclusivo, que permita avanzar sin necesidad de que se repita la dialéctica de la confrontación de clases que tanto daño le hizo a la humanidad en su historia.

Ideología, Socialismo y otras corrientes

Sin ambigüedades y sin complejos, la Socialdemocracia debe reivindicar las fuentes filosóficas de las que se nutrió en sus inicios, como el materialismo histórico y la dialéctica, así como los desarrollos intelectuales de figuras como Eduard Bernstein, Jean Jaures, la sociedad Fabiana, John Maynard Keynes y otros, que indicaron que el camino de la revolución y de la dictadura del proletariado no conducían más que a la miseria y a la opresión y que, en consecuencia, creyeron en las reglas de la democracia, de la concertación y de la negociación para realizar enormes avances sociales que llevaron a varias naciones ha ostentar los índices efectivos de desarrollo humano y de equidad social más avanzados del mundo entero, durante décadas. Lo mismo sucede en el caso de Costa Rica, ya que es preciso reivindicar el legado de personalidades como José Figueres Ferrer, Rodrigo Facio, Daniel Oduber, Francisco Orlich, Luis Alberto Monge y otros connotados socialdemócratas, que sentaron las bases de una sociedad inclusiva, con justicia social y progreso económico.

La Socialdemocracia moderna, con vocación de diálogo, debe diferenciarse también de lo que se ha dado en llamar “Socialismo del Siglo XXI”, cuyo máximo representante en la coyuntura actual es el gobierno del Teniente Coronel Hugo Chaves Frías en Venezuela, ya que éste se sustenta en el populismo y en la demagogia, y ha demostrado que no respeta las instituciones fundamentales del Estado de derecho, ni la separación de Poderes propia de una democracia. No obstante, la vía de la confrontación, que vulnera la soberanía y la independencia de las naciones, no es la adecuada para negociar con este nuevo marxismo, por el contrario la concertación debe servir para que se moderen las posturas dogmáticas y para construir puentes que acerquen a estos países a los consensos internacionales básicos sobre respeto a los derechos civiles de toda la ciudadanía.

Los retos, como es evidente, son de dimensiones inéditas, aunque la Socialdemocracia posee el bagaje ético, político, intelectual e histórico para superar esta etapa.

Para que esto sea posible, hay que desterrar el doble discurso y el doble rasero, de modo que con una honestidad, una humildad, un respeto y una sinceridad a prueba de politiquería demagógica y populista, el Socialismo Democrático del siglo XXI sea capaz de proponer sus lineamientos básicos para los próximos años, desde la perspectiva de un mundo multipolar, globalizado, interconectado, complejo y voluble.

Si bien esta propuesta está concebida para una realidad específica, la de la República de Costa Rica, y sus fundamentos se encuentran en las propuestas programáticas de diversos partidos Socialdemócratas en el mundo, sus iniciativas tienen la intención de ser útiles a cualquier país. La vocación de este documento es la de sintetizar, de una forma analítica, el pensamiento Socialdemócrata vigente en el mundo contemporáneo.

En esta línea de pensamiento, adaptando los objetivos al desarrollo cultural y a los valores de cada realidad nacional, deben proponerse metas posibles y congruentes con una ideología que, aún dotada de algún pragmatismo, no renuncie a su esencia y luche por una sociedad más justa. Es hora, además, de que la Socialdemocracia incorpore las banderas de otros movimientos políticos que son congruentes con sus valores, como el ambientalismo, el feminismo, el reformismo, el social cristianismo, el socio liberalismo, el laborismo o el humanismo.

Propuestas para un nuevo siglo

De esta manera, en líneas generales, la propuesta programática del Socialismo Democrático debería sustentarse, a mediano y largo plazo, sobre los siguientes puntos:

• Definición del Estado como social y democrático de derecho, solidario y del bienestar, paritario e inclusivo. Aunque esto pueda parecer poco trascendente, elevar esta definición del Estado a rango constitucional hace que el mismo quede comprometido con una serie de principios y valores que son consustanciales a una sociedad progresista y humanista, de manera que, al margen de cuál grupo político ostente el poder, se respeten unos lineamientos básicos que aseguran la justicia social y el civismo.

• Reivindicar el carácter laico y no confesional del Estado, de modo que se asegure la separación entre religión y política. Las instituciones públicas deberán de velar porque todas las confesiones religiosas estén en igualdad de derechos ante la Ley y evitarán la intromisión de las iglesias en los asuntos que conciernen a la soberanía del pueblo. El Estado podrá colaborar con las acciones que, en el ámbito social, desarrollen las iglesias, pero sin prebendas ni preferencias. La libertad de culto deberá estar asegurada en todos los casos.

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como todas las herramientas internacionales ratificadas sobre este tema, — en cuenta aquellas que protegen a poblaciones específicas como las mujeres, las y los niños, las y los jóvenes, las y los adultos mayores, las personas con discapacidad, las y los inmigrantes, los individuos con orientaciones sexuales diferentes, las minorías étnicas, etcétera –, constituyen el piso, y no el techo, de los derechos que el Estado debe garantizar a su ciudadanía, anteponiendo eso sí, el interés colectivo a los intereses de grupos específicos o individuales.

• La democracia netamente representativa, en la cual el pueblo soberano se limita a ejercer el sufragio cada cuatro años, debe evolucionar hacia un modelo más deliberativo, transparente, abierto y directo, en el cual las personas puedan influir en los procesos de toma de decisiones que afectan su calidad de vida, su acceso a las oportunidades de superación y su desarrollo humano.

• Este cambio de paradigma democrático, requiere de un proceso, gradual y continuado, de transferencia de recursos y de competencias desde el gobierno central y sus entidades sectoriales, hacia las instancias regionales y locales de la administración pública, hasta llegar al ámbito comunal, en el cual la ciudadanía puede expresar de forma directa cuáles son sus inquietudes, problemas, expectativas y esperanzas, así como tomar decisiones que tienen un efecto inmediato en su bienestar y en sus perspectivas de movilidad social. No se trata de desmantelar al Estado, que deberá tener la rectoría en áreas claves del desarrollo, ni de difuminar su autoridad, sino de acercar la democracia a las personas.

• El Estado debe reestructurarse, de manera que sea más eficaz y eficiente, con controles ejecutados a posteriori que impidan la corrupción, mediante una reformulación del trabajo de entes como aquellos que realizan labores de contraloría, que deben ser reforzados y adaptados a las nuevas tecnologías.

• La relación de los Poderes del Estado, entre sí y con la ciudadanía, debe ser más directa y expedita, abriéndole espacios a la iniciativa de las personas.

• Los regímenes presidencialistas, que concentran demasiado poder en el mandatario, deben modificarse para ser semipresidenncialistas o, si es posible, parlamentarios, ya que es en el congreso donde hay una mayor representatividad de la voluntad del pueblo soberano. La necesidad de conformar mayorías capaces de gobernar, es una garantía para el diálogo político y para la pluralidad democrática.

• El ejercicio de gobernar, debe concentrarse en un diálogo social amplio e inclusivo, del cual participen las fuerzas políticas de gobierno y oposición, así como los principales actores de la sociedad civil, con especial énfasis en los sindicatos, las asociaciones solidaristas, las cooperativas, los trabajadores autónomos, las confederaciones de pequeños y medianos emprendedores, y las grandes patronales. Este diálogo social debe ser permanente y debe alcanzar al parlamento, cuando el tema lo amerite. Incluso, la herramienta del referéndum debe utilizarse cuando el Estado deba adoptar decisiones fundamentales para el futuro de su ciudadanía.

• La dialéctica de la lucha de clases debe dar paso a la alianza de todos los sectores sociales en procura del mayor beneficio para la mayoría. La existencia de una gran clase media, con acceso a calidad de vida, oportunidades de movilidad social y desarrollo humano, es una garantía de que no habrá polarización social y de que será posible alcanzar acuerdos básicos. Sin embargo, el Estado no puede supeditar su accionar al consenso, ya que éste es casi imposible, por lo que, siempre procurando un apoyo mayoritario, deberá adoptar aquellas decisiones que antepongan el interés colectivo a los intereses especiales, de modo que exista gobernabilidad democrática.

• La voluntad de las mayorías es el sustento de la democracia social; sin embargo, siempre y cuando se respeten los derechos humanos de las minorías y sus libertades fundamentales.

• El Estado procurará aumentar su participación sobre el Producto Interno Bruto (PIB), mediante un sistema fiscal progresivo, que haga que paguen más quienes más beneficios perciben, afianzando a la solidaridad social como piedra angular de una democracia económica sustentada en una economía social y solidaria de mercado, que tenga como objetivo el bienestar del ser humano, sin descuidar las variables macroeconómicas. Los impuestos indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), deben utilizarse como una herramienta secundaria para la captación de ingresos, ya que afectan, sobre todo, a los sectores populares y a la clase media.

• En momentos de crisis, como el actual, las medidas anticíclicas generan déficit y endeudamiento, porque no puede ser que con recortes sociales, el Estado financie su estabilidad macroeconómica y enfrente los problemas del mercado. Por ende, en las épocas de crecimiento, debe haber ahorro e inversión en cancelar la deuda adquirida en los períodos complicados de recesión.

• Siempre, al margen del momento cíclico de la economía, el Estado debe procurar acordar con el sector privado y con os sindicatos una política de salarios crecientes, especialmente para el 20 por ciento más pobre de la ciudadanía. Esto no sólo sirve para combatir la pobreza, sino que, además, estimula el consumo y dinamiza las sinergias económicas.

• El Estado debe gravar con impuestos altos los bienes inmuebles ociosos y de lujo, los artículos de consumo suntuosos y aquellos productos, como el tabaco o los automóviles de gran cilindraje, que atentan contra la salud pública y contra el medio ambiente.

• El Estado debe crear una nueva relación con el Banco Central, de manera que, respetando su autonomía, sea posible alcanzar acuerdos para que el ente emisor respalde la política económica, especialmente por medio de las tasas de interés, —que deben estar al servicio del bienestar de la ciudadanía y del desarrollo—, y del control cambiario, para que haya estabilidad en el mercado de divisas. Se deben apoyar, en el largo plazo, iniciativas para la creación de divisas regionales, y de bancos centrales supra nacionales, que les permitan a los países una mayor independencia de las fluctuaciones de las monedas de referencia, como el dólar.

• El Estado social y democrático de derecho debe proveer herramientas financieras, formativas y legales, para que quienes sobreviven gracias a la economía informal, salgan del círculo vicioso de la pobreza y puedan acceder a trabajos dignos y bien remunerados, con todas las garantías laborales y sociales.

• La banca de desarrollo, capitalizada por el Estado, debe ofrecer créditos a los micro, pequeños y medianos emprendedores, pero sin recurrir a garantías patrimoniales que estos no poseen, sino a partir de una evaluación seria de las potencialidades de cada proyecto y de su eventual éxito.

• De conformidad con sus principios ideológicos, el Estado social y democrático de derecho debe promover la propiedad social sobre los medios de producción, mediante el impulso a modelos de democracia económica como el cooperativismo.

• El Estado debe garantizar el desarrollo rural, mediante una política de seguridad alimentaria, que brinde capacitación, tecnología e insumos a los productores agropecuarios, de modo que estos puedan darle valor agregado a su producción, por medio de figuras como la denominación de origen o la industrialización de los procesos. De este modo, el país tendría alguna independencia de las fluctuaciones internacionales en los precios de los alimentos. Por otra parte, se debe impulsar los medios de comercialización directa, que eliminen la figura del intermediario y, a su vez, para proveer a sus programas sociales, el Estado debe ser uno de los principales consumidores de productos agropecuarios nacionales.

• La reforma agraria y la distribución equitativa de la tierra, deben seguir siendo banderas de la Socialdemocracia.

• Hay que promover una explotación sostenible de recursos agotables, como la pesca o la tala de árboles.

• Es preciso crear sistemas de irrigación y de contención de deslizamientos, dependiendo del clima de cada sector.

• En el marco de la globalización y de la apertura de mercados, el Estado debe hacer grandes esfuerzos porque el sector privado sea competitivo y genere riqueza y trabajo.

• Para esto, es fundamental la reducción de trámites y la seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera. El Estado no debe ser más pequeño, sino más eficiente y menos burocratizado, con los controles necesarios para encausar el mercado y evitar fenómenos como la especulación, la legitimación de capitales o las prácticas monopólicas y oligopólicas.

• De haber algún monopolio en la economía, éste debe estar en manos del Estado.

• Los entes públicos deben realizar ingentes esfuerzos por atraer inversión extranjera de calidad, que genere conocimiento, riqueza y trabajos dignos.

• Con este fin, es necesario que el Estado, directamente o por medio de la figura de concesión de obra pública, construya las infraestructuras convenientes para vincular la producción nacional a los mercados internacionales. Carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, entre otras obras, son imprescindibles para que el país tenga competitividad.

• El Estado no puede ejecutar proyectos únicamente sobre la base de su rentabilidad. Hay aspectos que no son atractivos para el sector privado, pero que son necesarios para la calidad de vida de las personas y, por ende, la inversión estatal directa en estos casos es la única alternativa.

• Como ya se mencionó, el conocimiento es el insumo de mayor valor agregado en la sociedad de la información. Por lo tanto, los entes estatales deben garantizar el acceso universal a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, como Internet, la telefonía móvil, o la televisión digital terrestre. Esto es posible mediante un sistema mixto, público-privado, que promueva la desaparición de la brecha digital.

• Sectores estratégicos de la economía, en los cuales no hay posibilidades reales de competencia y sí de monopolización por parte del sector privado, deben permanecer en manos del Estado.

• Para garantizar la competitividad, la protección del medio ambiente y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles que causan contaminación, es necesario invertir en la generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables, como la hidroeléctrica, la eólica, la solar, la geotérmica y otras.

• Con los gobiernos regionales y locales, el Estado debe buscar la implantación de medios de transporte público masivo que utilicen energías limpias, jerarquizados y organizados en razón de la demanda de desplazamientos, y que desincentiven la utilización de vehículos particulares. Lo mismo debe suceder en el caso del transporte de mercancías, mediante el desarrollo de nuevas rutas de ferrocarril, las cuales eviten que gran cantidad de furgones deterioren el ambiente y la red vial.

• También, junto a los gobiernos locales de los centros urbanos, el Estado debe promover un nuevo paradigma de ciudad, más compacta, en altura, con alta densidad y con usos mixtos, que cuente con espacios públicos adecuados para la interacción humana, de modo que se cierren las brechas que dividen socioeconómicamente y espacialmente a quienes más tienen de quienes menos tienen, con el fin de que la metrópoli promueva la integración de la diversidad, la cohesión democrática y la inclusión social, en un estrecho balance con la naturaleza y con los recursos disponibles, como el suelo edificable. Bulevares peatonales, ciclovías, parques, áreas verdes y protección del patrimonio cultural, arquitectónico y ecológico, deben complementarse con competitividad, funcionalidad y habitabilidad, de modo que toda la población pueda tener una calidad de vida digna y un acceso universal a los servicios públicos básicos.

• La vivienda digna debe ser un derecho inalienable para cada ciudadana y ciudadano. Por ende, el Estado no sólo impulsará los proyectos residenciales de interés social, sino que, junto a los bancos, creará sistemas que sean asequibles para la clase media, de modo que la posesión de un inmueble pueda ser una parte importante del proyecto de vida de cada persona.

• El Estado, en una época en la que la población se concentra mayoritariamente en las ciudades, debe procurar monitorear la contaminación y prevenir el deterioro ambiental, mediante obras que aseguren el papel de la ciudad como un ecosistema, estrechamente vinculado con su entorno.

• Tratar las aguas servidas, prevenir la emisión de gases nocivos y de efecto invernadero, favorecer los productos biodegradables y fomentar un cambio en la cultura del consumo, que es insostenible, son algunos de los objetivos urgentes en este campo.

• Se debe nacionalizar el patrimonio acuífero y todas aquellas riquezas que se encuentren en el subsuelo y en las aguas territoriales y patrimoniales.

• El desarrollo sostenible, con calidad de vida, oportunidades y bienestar humano, debe dejar de ser una consigna, para volverse una realidad. La riqueza paisajística y de biodiversidad, deben ser protegidas por el Estado y sus instituciones. La lucha contra fenómenos como el cambio climático, inicia con políticas claras a favor del medio ambiente y con proyectos como la recuperación de los humedales y de la cubierta boscosa y selvática.

• El país debe ser neutral en la emisión de CO2.

• Se debe incentivar la importación de automóviles eléctricos, híbridos o que utilicen biocombustibles de segunda generación.

• La mayor ventaja competitiva de un país, en el marco de un mundo de mercados abiertos, es su recurso humano y el principal motor de movilidad social es la educación. Desde esta perspectiva, el Estado debe garantizar una enseñanza preescolar, primaria, secundaria, universitaria y parauniversitaria gratuita y de gran calidad, que ofrezca oportunidades de superación para todas y todos los ciudadanos por igual. Debe superarse el paradigma educativo vigente, de modo que la educación sirva para que las y los estudiantes aprendan a aprehender, en condiciones dignas y con los recursos materiales, económicos y humanos necesarios. Tanto en la formación académica como en la técnica, se debe enseñar un segundo idioma, así como el uso de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, con el fin de impulsar la creación de conocimiento, el cual se traduce en riqueza. Complementariamente, la educación debe ser humanista y debe servir para formar a seres humanos integrales, con valores cívicos y éticos, así como con nociones claras y críticas sobre la historia y la cultura que dan forma a la identidad y a la idiosincrasia de cada sociedad.

• El sector público debe crear sistemas de guarderías y de cuido de adultos mayores, que promuevan el empleo femenino y, a su vez, permitan que las mujeres con hijos y con familiares de la tercera edad puedan salir a trabajar en igualdad de condiciones con los hombres.

• Con base en la reivindicación de la equidad y la igualdad de género, debe promoverse la emancipación económica, social, familiar y cultural de las mujeres, porque éstas son las principales afectadas por la pobreza, especialmente cuando son jefas de hogar.

• Salarios iguales, participación política paritaria (del 50 por ciento), lucha contra la violencia doméstica, oportunidades educativas académicas y técnicas, acceso en igualdad de condiciones al trabajo y a los puestos más altos, protección de la niñez y orientación psicológica y social, son medidas urgentes para superar el rezago histórico de una sociedad todavía patriarcal, que debe evolucionar a la equidad total.

• La cultura, como seña de identidad de una sociedad, debe ser protegida, promovida y democratizada por todas las escalas de la administración pública. Deben impulsarse aquellas iniciativas que motiven a la ciudadanía a expresarse en algún ámbito de ésta. Al referirse a la cultura, no sólo implica aquella que es, debido a las brechas sociales, elitista, — la cual debe democratizarse –, sino a todas las manifestaciones, incluso las más populares, tradicionales o vanguardistas, que sean parte del inconsciente colectivo de una sociedad.

• La inversión en cultura asegura calidad de vida y oportunidades, así como desarrollo humano integral, por lo que es necesario incrementarla.

• Asimismo, hay que multiplicar la inversión estatal en lo que se ha dado en llamar Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), que no es otra cosa que la puesta en marcha de iniciativas de gran calado en la esfera de la ciencia y la tecnología, con el apoyo del sector privado y de la academia. Esto permitiría generar conocimiento, cuyo valor agregado es el más alto en la actual sociedad de la información, que vive una verdadera revolución digital, similar a la que causó la invención de la imprenta en el siglo XV y que cambió al mundo y puso fin al oscurantismo.

• El acceso a la salud, a la seguridad social y a un régimen de pensiones justo y sostenible, debe ser una prioridad para el Estado.

• La salud pública requiere de más recursos materiales, económicos y humanos, así como de nuevas infraestructuras, como hospitales y clínicas.

• La salud pública y los sistemas de pensiones deben ser universales y sostenibles, asimismo, se debe procurar que los profesionales en medicina no lucren a expensas de los servicios públicos. El régimen de seguridad social debe continuar siendo solidario y humanista.

• Hay que avanzar en la legislación laboral, para prevenir cualquier forma de explotación.

• Es necesario regular la inmigración, con pleno respeto por la libertad y los derechos humanos de los inmigrantes, pero estableciendo cuáles son las necesidades reales de mano de obra extranjera. En trabajos que son temporales, se deben crear contratos por períodos determinados de tiempo, de modo que los inmigrantes sólo estén en el país cuando se les necesita.

• Hay que impedir la entrada al país de personas con antecedentes penales.

• Es imprescindible combatir el tráfico de personas y las nuevas formas de esclavitud, como la trata de blancas.

• En el ámbito de la demografía, el Estado debe promover la salud reproductiva, la educación sexual y los métodos anti-conceptivos, especialmente aquellos que también se utilizan para prevenir el VIH-Sida y otras enfermedades venéreas.

• Los temas como el uso de la contracepción de emergencia (píldora del día después), la fecundación “in Vitro” o el uso de células madre embrionarias humanas, deben dejar de ser tabú y convertirse en objeto de un amplio diálogo social.

• Deben crearse figuras legales, para garantizar derechos a las uniones entre personas del mismo sexo. El contrato de convivencia es un primer paso, pero no necesariamente es el último.

• Es necesario avanzar en el reconocimiento de derechos y de libertades para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

• Hay que fortalecer a la familia, en todas sus formas y manifestaciones, como núcleo fundamental y célula constitutiva del más básico tejido social y humano.

• El Estado debe promover políticas de acción afirmativa, o de discriminación positiva, que favorezcan a aquellos grupos que, tradicionalmente, han sufrido de exclusión y discriminación social, como por ejemplo: las personas con discapacidad, los adultos mayores, los jóvenes, las personas con orientaciones sexuales diferentes, los grupos étnicos distintos, la población indígena, los inmigrantes, etcétera. El sector público debe garantizar el acceso de estas personas a la educación, la salud, el trabajo y a los servicios públicos.

• Mediante leyes más rígidas, se debe castigar a quienes discriminen o excluyan a otras personas y se debe exaltar el valor intrínseco que posee la diversidad y la diferencia en las sociedades humanas.

• El Estado debe subvencionar el cuido de personas que, debido a una discapacidad temporal o permanente, no puedan hacerse cargo de sí mismas.

• En los momentos en los que hay que adoptar medidas anticíclicas, en caso de crisis económica, el Estado debe generar puestos de trabajo, que hagan posibles grandes proyectos de infraestructura y de vivienda, que tienen un enorme impacto social.

• Es necesario hacer más expeditos los trámites de expropiación, sobre la base de una retribución justa, para la ejecución de obras públicas.

• El combate contra la pobreza, en todas sus manifestaciones, debe ser la prioridad más importante para el sector público. La calidad de vida, las oportunidades de movilidad social y el desarrollo humano integral, son el centro de una propuesta democrática y social incluyente.

• Junto a Organizaciones No Gubernamentales, iglesias, el sector privado y la sociedad civil, el Estado debe construir un sistema de prevención y atención de adicción a las drogas.

• De igual manera, se deben crear centros de rehabilitación para los adictos, en los cuales reciban formación técnica y humana, así como atención psicosocial y sanitaria.

• Algo similar debe hacerse con la población indigente, que debe abandonar las calles, para encontrar nuevas oportunidades y nuevos horizontes.

• Todos los esfuerzos en el ámbito social, deben alejarse de una visión asistencialista, y deben estar bajo la rectoría de un Ministerio especializado, que pueda coordinar con los gobiernos regionales y locales.

• Hay que fortalecer a la clase media, como garantía de estabilidad social y política.

• Es necesario cerrar las brechas sociales que dividen a quienes más tienen de quienes menos tienen y que son una herida sangrante en el tejido social.

• Es conveniente invertir en la atención de emergencias y de desastres, pero sobre todo en su prevención.

• Sin dejar de apoyar a instituciones como la Cruz Roja, el Estado debe tener a su disposición sus propios cuerpos de atención y mitigación de emergencias.

• El Estado debe tener el monopolio exclusivo sobre la seguridad ciudadana, sobre la defensa de la soberanía nacional y de sus riquezas naturales y sobre la lucha contra patologías sociales como la delincuencia, el crimen organizado, el tráfico de drogas, las nuevas formas de esclavitud humana y la violencia. El Estado central puede coadyuvarse con cuerpos de policía regionales y locales e, incluso, puede permitir la existencia de empresas de seguridad privadas, siempre y cuando éstas sean reguladas por las instituciones públicas competentes y contribuyan con los sistemas policiales regulares.

• El Estado debe tener conciencia de que la delincuencia, así como la mayoría de estos fenómenos, son de origen estructural, ya que obedecen a la deficiente distribución de la riqueza y a las brechas sociales que existen entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Por ende, la solución a estos problemas, en el largo plazo, es acabar con la pobreza y con la desigualdad social.

• Aunque el Estado debe ser garantista, no puede proteger sólo los derechos humanos de los delincuentes y olvidar los de sus víctimas. De hecho, sin caer en la adopción de soluciones contrarias a la ética y a la razón, como la pena de muerte, el Estado debe demostrar que tiene autoridad y tiene la obligación de evitar fenómenos como la impunidad, la excesiva tolerancia y la reincidencia. Las penas deben ser fuertes y aplicarse en igualdad de condiciones para todas y todos los ciudadanos y, además, es preciso establecer programas efectivos de reinserción social, mediante la formación y la capacitación de los privados de libertad, no sólo en lo que se refiere a oficios que les permitan ganarse la vida dignamente cuando cumplan sus condenas, sino también en lo concerniente a valores sociales y cívicos que les den la posibilidad de convivir en paz con el resto de la sociedad.

• En el ámbito del consumo y de los productos financieros, el Estado debe ejercer controles muy estrictos, para evitar la especulación y otros fenómenos que conduzcan a desestabilizar el sistema económico.

• La banca estatal, debe fijar la pauta para el desarrollo financiero, con políticas claras de banca de desarrollo y de apoyo a las cooperativas y a las micro, pequeñas y medianas empresas.

• El país debe fijar agendas de desarrollo de largo plazo, para que, aunque la labor cotidiana sea la de gestionar los asuntos inmediatos, haya un proceso de análisis intelectual sobre el rumbo de la nación en períodos de 20, 30, 50 y hasta 100 años. Para esto es fundamental el aporte de las universidades estatales y de los centros de investigación.

• En las relaciones exteriores, el Estado debe apegarse, en todo momento, al derecho internacional y a las herramientas del sistema de Naciones Unidas, sin renunciar a promover un cambio hacia un mundo más multipolar y diverso, en el que haya un verdadero respeto por la soberanía de cada país.

• Cuando sea viable, el Estado debe abogar por la desmilitarización, los derechos humanos, la democracia y la paz, en todos los rincones de la Tierra.

• El Estado, por medios diplomáticos y políticos, debe propiciar el diálogo de civilizaciones, culturas y religiones.

• Cuando sea posible, el Estado debe promover el desarrollo de los países más retrasados en sus índices de desarrollo humano, por medio de asistencia económica, técnica y científica.

• Se debe abogar por la desnuclearización militar y por la erradicación de todos los tipos de armas de destrucción masiva.

• Es preciso apoyar las iniciativas contra el genocidio y los delitos de lesa humanidad, mediante el Tribunal Penal Internacional y otras instancias multilaterales.

• El Estado, para contrarrestar la influencia de los medios que responden a los intereses de la oligarquía y del capital, debe contar con sistemas nacionales de radio y televisión, que promuevan la cultura, la educación, el acceso a la información y la pluralidad democrática. Como modelo, se puede adoptar el de corporaciones como la British Broadcasting Corporation (BBC) o la Radio Televisión Española (RTVE).

• Las instituciones estatales deben trabajar en el desarrollo de un gobierno electrónico efectivo y eficiente, que promueva la transparencia, la simplificación de trámites y la accesibilidad a los procesos democráticos de toma de decisiones.

• Las entidades estatales deben mantener un diálogo constante con el sector privado, para inducir acciones coherentes con la responsabilidad social empresarial. Esto sobre la base de que, en una sociedad más equitativa, hay mayor producción y consumo y, por ende, también más riqueza.

Éstas son algunas de las ideas que, en este nuevo siglo, podrían revitalizar al Socialismo Democrático y darles a los países un modelo a seguir, que sea viable en el corto, en el mediano y en el largo plazo.

Dichas iniciativas deberían, una vez hayan sido analizadas y enriquecidas, canalizarse por medio de la Internacional Socialista, que es una institución que deberá jugar un papel fundamental en el progreso de la Socialdemocracia a escala mundial.

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