Entrevista Maureen Clarke: “Entregamos el primer estado de los derechos de las mujeres”

Rosita Argüello entrevista a MAUREEN CLARKE presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)

Maureen Clarke

Preocupada por la situación de las mujeres y actualmente por el alto índice de los femicidios, la actual presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), comparte con Cambio Político como encontró esta institución y sus avances para lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de este ente rector de las políticas de Género en Costa Rica.

CAMBIO POLÍTICO – ¿Como encontró el INAMU?

MAUREEN CLARKE – Encontré un INAMU muy técnica con un personal bastante experto en sus temas pero con un apoyo administrativo muy limitado, porque aquí es una institución sumamente pequeña, y al contrario de muchas instituciones públicas, el 86% del personal es técnico, especialista, y el resto es administrativo, es bastante pesado para el área administrativa el poder cumplir con todas las del área técnica, además de que en algunas áreas el personal es muy poco, para poder cumplir con los requerimientos para la ejecución presupuestaria y cumplir con la demanda y los objetivos institucionales., en ese sentido inmediatamente lo que hicimos fue presentar un estudio que estaba realizado anteriormente , ante la autoridad presupuestaria la necesidad de fortalecer algunas áreas que incluso de acuerdo a la ley de control interno deberían de ser fortalecidas porque no pueden ser ejecutores, planificadores o sea auto evaluadores, incluso habían programas en manos de una persona, y el área de proveeduría con muy poco personal para todos los requerimientos y con procedimientos muy antiguos, no había entrado la modernidad en los procesos de contratación administrativa, ahí hubo que insistir y se hizo cambios en la asesoría legal, se contrató una experta en materia de contrataciones que le dio un vuelco sobre todo a nivel de procedimientos algunos se corrigieron, y pasando a generar planes de compra de acuerdo a lo que la ley establece que faciliten la ejecución presupuestaria.

CP – Y la parte técnica, ¿cómo estaba?

MC – Allí encontramos que los servicios que prestamos en las regiones (teníamos cuatro, ahora seis), debido a las limitaciones de personal, sobre todo de abogados para el acompañamiento de las mujeres.

CP- ¿Qué aduce la Autoridad presupuestaria para no aprobar las plazas que necesitan?

MC – Existe una directriz que limita, entonces uno tiene como dicen ellos “que justificar muy bien”, no solo ajustarme a lo que dice la ley, sino probar que existen esas necesidades, y para eso se necesitan estudios y análisis previos y en este momento estamos en eso. Vamos a generar esa información con base en la necesidad real, además para no dejar a las mujeres en las regiones sin el acompañamiento o asesoría lo que hemos hecho es generar grupos móviles que se trasladan a las regiones a darles esa capacitación y acompañamiento a las mujeres que lo pidan.

CP – ¿Cómo le va en la ejecución de las acciones?

MC – Hemos avanzado bastante para este periodo entregamos el primer estado de los derechos de las mujeres es como un perfil del estado de las mujeres costarricenses, ahí desde la perspectiva de la pobreza, la desigualdad de género, cumplimiento de los derechos humanos, incluso hicimos una encuesta donde se trato de saber cuanto conocen las mujeres de sus derechos, la valoración que le dan, la discriminación, el perfil de las brechas, porcentajes de participación entre otros.

CP – Y en el problema de la violencia y los femicidios ¿qué se está haciendo?

MC – Es una parte que nos preocupa mucho. Junto con el Poder Judicial hemos hecho un análisis de las estadísticas porque oficialmente las estadísticas que valen son las del Poder Judicial, en ese punto tratamos de unir esfuerzos porque todas las entidades relacionadas teníamos números diferentes, que inducían a error. En el tema de femicidio, la ley establece un concepto bastante restrictivo que es solamente en el ámbito privado, en pareja, ya sea casada o no, nosotros con base en la “Convención de Belén do Pará”, hemos logrado unificar criterio que amplía sobre todo a otros espacios públicos, dentro de la comunidad, en instituciones del Estado, y ahí estamos demostrando como en esos espacios se están dando mayor cantidad de femicidios que en los que la ley de penalización establece. Estamos tratando de decirle a todas las instituciones del sistema “Tenemos que buscar nuevas formas y analizar cada uno desde su responsabilidad la prevención y la sanción de la violencia”.

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